La incursión de Mexicana de Aviación y del Ejército mexicano como actor del sector aéreo pone un nuevo foco de atención para los demás competidores de la industria en el país, pues podría desencadenar diversos impactos que pondrían en riesgo la competencia, alertaron expertos consultados por Grupo Fórmula.
El pasado 20 de abril, el Congreso de la Unión aprobó reformas a las leyes generales de Aviación Civil y Aeropuertos con lo que dio carta libre para que cualquier institución del Estado pueda participar en la administración de complejos aeroportuarios así como de líneas aéreas.
Aunque su implementación se encuentra bajo análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará si el proceso legislativo que avaló las normas se dio conforme a derecho, su eventual aplicación ha prendido las alertas de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien ya enumeró una serie de riesgos que implicaría la participación activa del gobierno en la administración de aeropuertos y aerolíneas al mismo tiempo.
Actualmente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V, son dueños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como de la recién instituida Mexicana de Aviación.
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No obstante, la Sedena también es dueña de otros aeropuertos donde pretende operar esta aerolínea, tales como el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, así como el de Chetumal, que también se construye y el que está en remodelación en Palenque, Chiapas.
"Aunque la industria aérea ha pedido piso parejo, la operación del Ejército en aeropuertos y ahora una aerolínea sí constituyen un riesgo de competencia económica pues Mexicana de Aviación tendría subsidios para mantener su operación. Creo que estamos en la antesala de una competencia desleal en el segmento low cost donde Volaris y VivaAerobus han tenido un gran desempeño", apuntó Efraín Herrera, especialista en el sector.
Estrangulamiento de márgenes y otros riesgos
Al respecto, la Cofece establece como un primer riesgo el "estrangulamiento de márgenes". Esto se da cuando una empresa es dueña de un aeropuerto y puede determinar aumentar o instaurar nuevas tarifas por el uso del aeródromo a otros competidores en el mercado aéreo lo que podría derivar en que las aerolíneas aumenten el costo de sus boletos o reduzcan sus márgenes de ganancias.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un “estrangulamiento de márgenes” es cuando la empresa aguas arriba, es decir, que administra la infraestructura aeroportuaria, ofrece el insumo intermedio a un precio tal que a una empresa aguas abajo, es decir, a las aerolíneas, no le resulta rentable participar en el mercado.
Este tipo de conductas ocurre en un contexto de relaciones verticales, donde una empresa dominante en el mercado aguas arriba utiliza su posición como proveedor esencial para “estrangular” los márgenes de los rivales aguas abajo, con el objetivo de excluirlos del mercado.
La Cofece también señaló que si una misma empresa tiene el control de un aeropuerto, como de una aerolínea puede dificultar el acceso a sus competidores a salas de espera, teniendo menos espacio para oficinas o mostradores poco preferentes para la operación.
También alertó sobre el riesgo que implicaría la operación de una aerolínea estatal por los subsidios cruzados donde la paraestatal podría presionar a sus competidores a reducir sus ganancias abaratando el costo de los pasajes.
"De entrada Mexicana de Aviación ya empieza con un presupuesto de 4 mil millones de pesos para arrendar aviones. ¿Cuál es la fortaleza de esa inversión inicial? El presupuesto público. Ninguna aerolínea cuenta con esa ventaja económica. Entonces comenzamos a ver ventajas que pueden distorcionar el mercado en el mediano plazo, cuando comience a operar", consideró Herrera.
Los subsidios cruzados implican cobrar tarifas por debajo de los costos a un grupo de usuarios y tarifas por encima del costo a otros, usualmente a usuarios industriales y al comercio.
De acuerdo con solicitudes de información a la empresa AIFA S.A. de C.V. hasta el pasado 31 de diciembre de 2022, la hacienda pública ha transferido alrededor de 1 mil 282 millones de pesos en subsidios a la nueva terminal aérea con el objetivo de no registrar pérdidas.