La guerra entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, registrada entre 2008 y 2011 en Ciudad Juárez, marcó un periodo de enfrentamientos armados y matanzas, pero además se libraba otra batalla: la lucha por el control de la policía.
Durante años, el Cártel de Juárez había tejido una compleja red de corrupción en las corporaciones de seguridad pública, así como su brazo armado "La Línea" estaba compuesto principalmente por policías activos y retirados.

Así lo documentó la organización Insight Crime, quien documenta busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con su reporte, controlar a "La Línea" significaba también controlar la ciudad, pues a cambio de sobornos, los agentes corruptos garantizaban el tránsito seguro de cargamentos de droga, proporcionaban información sobre operativos y, en algunos casos, participaban directamente en acciones criminales.
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"La Línea"
La organización señaló que el equilibrio empezó a romperse en 2008, cuando el Cártel de Sinaloa inició una ofensiva para arrebatarle el control de Juárez a su rival.
La estrategia consistió en atacar los centros de distribución de drogas y refugios del Cártel de Juárez, con el fin de debilitar su red de protección.
Para ello, Sinaloa se valió de la infiltración en las fuerzas federales y del apoyo de ciertos sectores del ejército, que comenzaron a desplazar a los garantes tradicionales.
La guerra se hizo evidente cuando apareció una narcomanta en un monumento a policías caídos.
En ella, Sinaloa señalaba a varios agentes de la policía municipal como miembros de La Línea, marcándolos para ser ejecutados.
A medida que la violencia escalaba, la policía local sufrió una purga constante. Algunos agentes huyeron, otros fueron asesinados y muchos más cambiaron de bando.
Los mandos medios, que durante años se habían sentido marginados en la repartición de sobornos, comenzaron a traicionar a sus superiores y a vender su lealtad al Cártel de Sinaloa.
La llegada de las fuerzas federales no hizo más que agravar el caos, pues lejos de restablecer el orden, estas fuerzas terminaron por inclinar la balanza en favor de Sinaloa, facilitando la eliminación de los antiguos garantes.
Durante ese periodo más de 200 policías fueron asesinados, y aquellos que sobrevivieron quedaron atrapados entre la lealtad forzada a uno u otro cártel y la posibilidad de ser ejecutados en cualquier momento.
El caso de la procuradora González
La figura de Patricia González, procuradora de Chihuahua entre 2004 y 2010, quedó marcada por la guerra entre cárteles y la infiltración criminal en las instituciones de justicia.
Durante su gestión, el Cartel de Juárez mantenía una fuerte influencia en la estructura policial, mientras el Cártel de Sinaloa avanzaba para desmantelar esa red de protección.
En medio de este conflicto, la procuradora enfrentó constantes acusaciones de colusión con La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez, lo que agravó la desconfianza en el sistema judicial.
Pero el golpe más duro llegó con el secuestro y asesinato de su hermano, Mario Ángel González, en 2010, pues además se difundió un video por sus captores donde Mario confesó bajo tortura presuntos vínculos familiares con "La Línea", lo que desató un escándalo nacional.
Aunque Patricia González negó cualquier relación con el crimen organizado, el video sirvió para reforzar la narrativa de que el Cártel de Juárez tenía cómplices en las más altas esferas de la procuración de justicia.
La caída de la procuradora simbolizó el colapso de la vieja red de protección que sostenía al Cártel de Juárez y marcó el ascenso definitivo del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez.
Cártel de Sinaloa
Con los garantes desmantelados y los altos mandos debilitados, Sinaloa logró imponerse. Aunque para el 2011, la guerra había terminado, Sinaloa se alzaba como el nuevo poder dominante en la ciudad.
Sin embargo, lo que quedó tras "la victoria" fue una policía fragmentada, donde la corrupción seguía latente, solo que ahora al servicio de un nuevo patrón.
El periodo entre 2008 y 2011 dejó una profunda cicatriz en Juárez, pues a pesar de que la violencia disminuyó brindando algunos años de "relativa" paz en la ciudad, el control de la policía nunca dejó de ser una moneda de cambio en la lucha por el poder.
Lo que alguna vez fue una guerra entre cárteles, terminó siendo una lucha por el control de la autoridad y la impunidad, ya que también desmanteló la red de protección local, dejando una ciudad fragmentada y vulnerable.