Martí Batres va por las chelerías ubicadas en la vía pública, asi lo establece una de las cuatro iniciativas que el jefe de gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso capitalino.
El resto de las propuestas son en materia de renta de viviendas reconstruidas, nuevas regulaciones a Airbnb y sanciones por ruptura de sellos de clausura o suspensión de actividades.
Con dichas iniciativas se busca modificar la Ley para la Reconstrucción Integral, la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda, la Ley de Cultura Cívica, el Código Penal y la Constitución Política.
"Ley Michelada"
En la iniciativa presentada en este rubro, Martí Batres propone que se sancione con arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario, además de una multa de hasta 36 UMAs, la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.
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De esta sanción quedarían excentos los negocios localizados en ferias, romerías o festividades que cuenten con autorización previa de las autoridades correspondientes.
En el documento también se añade que se busca imponer de seis a 12 años de prisión a los dueños de establecimientos o de construcciones que rompan los sellos de clausura o de suspensión de actividades.
¿Qué dicen las otras iniciativas enviadas al Congreso de la CDMX?
Por un lado, una de las iniciativas busca modificar el párrafo quinto del Artículo 26 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, con el objetivo de que una parte de los inmuebles reconstruidos, que son propiedad del Gobierno, puedan ser comercializados, vendidos o rentados, de acuerdo con información de El Universal.
Con otra de las iniciativas se busca regular a la app Airbnb, y es que con las modificaciones propuestas se espera negar la renovación de registro a los inmuebles que han tenido una ocupación alta, es decir, superior al 50% de noches del año.
"Los inmuebles que no cumplan con el límite anual de ocupación podrán solicitar nuevamente su registro después de un año de haber recibido la negativa".
Finalmente, otra de las iniciativas enviadas al Congreso de la CDMX busca evitar que los domicilios que forman parte de programas de vivienda popular sean usados con fines turísticos.
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