A partir del pasado domingo entró en vigor la fase 1 de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que los trámites en esas materias se integrarán única y exclusivamente en expediente y firma electrónica.
Con ello, los litigios que transitan al nuevo paradigma en materia civil son el juicio especial hipotecario oral y el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa.
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que este ordenamiento es una oportunidad para fortalecer, la eficiencia y transparentar la justicia civil y familiar.
Asimismo, consideró que este código se construyó con una perspectiva transversal de género y de protección a grupos en vulnerabilidad. Además, indicó que es un avance en justicia digital y potencializan la justicia oral, que permite procesos más rápidos.
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En el evento, estuvieron presentes magistrados, juezas y jueces del nuevo sistema en materia civil y familiar; Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; diputadas y diputados federales y locales, entre los que figuraron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Martha Ávila y Jesús Sesma, respectivamente.
Así se dio la digitalización del Poder Judicial de la CDMX
Fue en mayo del presente año cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México acordó también la suspensión de turnos a los juzgados extintos con la finalidad de que concluyan su carga de trabajo y preparen los asuntos que se entregarán a los órganos jurisdiccionales que tendrán conocimiento de los juicios, así como su distribución equilibrada.
En aquel entonces, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) señaló que la implementación del Código Nacional no trastoque los derechos de las partes que acuden a juicios en los que, de manera principal, se protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad o cualquier otro grupo de atención prioritario. En función de lo anterior, se espera que el curso trazado por el Poder Judicial pueda cumplirse en tiempo y forma.
