En abril de 2007, la Ciudad de México (aún entonces Distrito Federal) se convirtió en la primera entidad que despenalizó el aborto y garantizó el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a interrumpir un embarazo de manera legal, segura y gratuita en el país.
Desde entonces, ni una sola de las pacientes que se ha sometido al procedimiento médico en las instituciones públicas de la capital del país ha perdido la vida.
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La Ciudad de México se convirtió en un oasis de los derechos reproductivos de las mujeres, no sólo de la capital, sino del resto de la República e incluso extranjeras, consideró Francisco Cué, integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Sin embargo, la capital del país enfrenta un último reto para acabar por completo con la criminalización de las mujeres que deciden concluir un embarazo: eliminar del Código Penal local el delito de aborto voluntario, autoprocurado y consentido, mismo que pena esta práctica posterior a las 12 semanas de gestación.
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“Lamentablemente la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo en 2007 no ha permitido terminar de tajo con la criminalización de las mujeres que deciden no continuar con un embarazo”, explica en entrevista el representante del área de incidencia legislativa de GIRE.
En octubre de 2021, la diputada de Morena Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local y evitar que sean penalizadas las mujeres que abortan después de las 12 semanas de gestación.
La propuesta, actualmente discutida en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, no busca extender el plazo legal para la interrupción de un embarazo, sino eliminar las sanciones de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario contra quienes abortan a partir de la decimotercera semana.
En 2021, en el país se registraron 704 carpetas de investigación por el delito de aborto, de las cuales 102 fueron de la Ciudad de México, la tercera con mayor número en el país, sólo detrás del Estado de México y Nuevo León. Mientras que en los primeros tres meses de 2022, sumaba ya 41 de las 207 en todo el país, por encima del resto de las entidades.
Y aunque la mayor parte de las carpetas es desechada, sigue habiendo un problema de criminalización con múltiples denuncias ante los ministerios públicos.
Antes de que concluya 2022, la reforma podría ser votada en la Ciudad de México, esperan las defensoras de GIRE.
¿IMSS-Bienestar en la Ciudad de México afectará el derecho al aborto?
La Ciudad de México no sólo reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, sino que garantiza el servicio médico público para que sea realizado de forma supervisada y segura.
Sin embargo, son sólo los hospitales y unidades médicas a cargo de la Secretaría de Salud local las que brindan atención. Las instituciones federales en la capital no atienden la interrupción legal del embarazo.
Esta situación ha despertado dudas en las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes sobre el futuro del servicio cuando se concrete la federalización o centralización del sistema nacional de salud a través del esquema IMSS-Bienestar.
“IMSS e ISSSTE, desde 2007 y hasta la fecha, se han venido negando a prestar servicios de interrupción del embarazo, esencialmente cuando se practica por voluntad de la mujer, porque el código penal federal no contempla la despenalización del aborto”, explicó Francisco Cué a Grupo Fórmula.
Esto no sólo ha sucedido en la Ciudad de México, sino en los otros 6 estados donde ya ha sido despenalizado el aborto voluntario: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa.
Incluso el intento previo de federalización del sistema de salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), presentó riesgos como que se negara la atención médica a mujeres derechohabientes del IMSS, aún a sabiendas de que esta institución no realizaría el servicio.
“Mentiría si dijera que desde GIRE no estamos preocupadas por ver cómo va a ser esta integración. Aunque lo cierto es que la Secretaría de Salud publicó en julio del año pasado un lineamiento técnico para atención del aborto seguro, donde se establece que en las entidades federativas donde se permite la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas, debe prestarse el servicio”, refirió el defensor.
A pesar de las dudas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha prometido que el derecho al aborto conquistado por las mujeres en 2007 no se perderá bajo ningún esquema administrativo.