Blancos con tres franjas (en verde y azul) o amarillos, así eran los camiones que integraron la extinta Ruta 100, un organismo que formó parte de la red de transporte público del entonces Distrito Federal (Ciudad de México) hasta mediados de la década de los 90, ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a su desaparición?
La Ruta 100 se fundó desde 1942, cuando sólo era un ramal y hacía recorridos entre Lomas de Chapultepec y Paseo de la Reforma, para el año 1958, el gobierno del Distrito Federal solventó una crisis económica que enfrentaba dicha organización, por lo que pasó a formar parte de la administración capitalina.
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En la década de los 80, a la Alianza de Camioneros de México -quienes concentraban la mayoría de las rutas- se le revocaron las concesiones, por lo que un decreto del entonces presidente José López Portillo (1976-1982) permitió que la Ruta 100 fuera un órgano descentralizado para prestar servicio en el DF y el área conurbada.
Desde 1983, Ruta 100 cubrió el 86 por ciento de los ramales de la Ciudad de México y pinto los autobuses del característico color amarillo; durante su mejor época, a finales de los años 80 e inicios de los 90, contaron con parque de 7 mil 500 unidades. Todo cambió en 1987, cuando el gobierno capitalino expidió los primeros permisos para microbuses.
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Para 1989, el Sindicato Único de los Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 decretaron una huelga, donde exigieron un aumento salarial del 100 por ciento. No obstante, la administración local declaró ilegal el paro, así como la ocupación total e inmediata de los bienes del organismo, con lo que más de 7 mil personas quedaron desempleadas.
A pesar de que la empresa trató de mantener las rutas y el servicio, e incluso modernizó algunas unidades, para 1995, el gobierno de Óscar Espinoza Villareal -entonces regente del Distrito Federal- anunció la quiebra de Ruta 100, debido a la insolvencia económica que tenía.
A 26 años de la extinción de la Ruta 100, el líder de los trabajadores, Jorge Cuéllar Váldez, continúa exigiendo las liquidaciones que se adeudan, mismas que se deben cubrir en un 28 por ciento durante el ejercicio fiscal 2022.