Un juez federal ha otorgado la prisión domiciliaria al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero, aunque esta medida podría significar su liberación, aún está pendiente la modificación de la prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada.
Según informes de Reforma, el juez estaría dispuesto a realizar el cambio de medida, pero bajo la condición de que Borge cubra un pago de 10 millones de pesos. Además, se le impondría el uso de un brazalete electrónico y, en caso de ser condenado, debería regresar a prisión.
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El fundamento para esta decisión se basa en una jurisprudencia que establece la revisión de la prisión preventiva después de dos años de reclusión. El juez argumenta que las condiciones que llevaron a la imposición de la prisión preventiva justificada han cambiado, y ya no existen elementos que indiquen un riesgo de fuga.
Roberto Borge enfrenta tres procesos en el fuero común, pero hasta la fecha solo hay dos recursos en su contra que ya no están sujetos a prisión preventiva. El único impedimento para su liberación radica en el proceso por delincuencia organizada.
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En la justicia local del estado de Quintana Roo, continúan dos procesos vigentes, el primero está relacionado con peculado, acusándolo del presunto desvío de 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal "VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V."
El segundo proceso se refiere al delito de aprovechamiento ilícito del poder, vinculado al pago de 594 millones de pesos a la misma empresa, a pesar de los cambios en las medidas cautelares, Roberto Borge aún enfrenta importantes desafíos legales en su búsqueda de la libertad.