Según Michael Oakeshott, el conservadurismo es una actitud, la disposición de favorecer y fomentar lo tradicional, lo establecido, y rechazar, mediante el uso de distintos instrumentos, la innovación y el cambio. Una fuerza política conservadora, particularmente cuando se encuentra en el Gobierno, utiliza herramientas políticas, institucionales y simbólicas para evitar la transformación de las estructuras de dominación existentes.
Sostengo que el lopezobradorismo en el Gobierno se ha consolidado como una fuerza política conservadora que se ha encargado de no alterar la correlación de fuerzas políticas y económicas. En apariencia, la irrupción de Morena significó el fin del sistema de partidos tal y como lo conocíamos, pero en los hechos en realidad significó la migración de los actores políticos dominantes de dicho sistema hacia el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.
A nivel local, el lopezobradorismo ha consolidado las patrimoniarquías que existían con anterioridad, es decir, los sistemas subnacionales en donde existe el voto pero el poder se ejerce como un dominio privado. Dicho poder es ejercido por los mismos actores que han dominado por años (familias políticas, empresarios, grupos delictivos, etcétera), sólo que con el membrete de Morena. Todos los que se dedican a la política subnacional saben que la mayoría de los militantes de Morena han visto a lo largo de estos años que sus adversarios se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus “compañeros”, y que fueron favorecidos con candidaturas.
A nivel nacional, la dirigencia de Morena se ha confesado y ha aceptado que arropa a las fuerzas que antes eran “la mafia del poder” para mantener o conseguir el poder. Mario Delgado ha dicho explícitamente que para ganar elecciones “debemos quitarles candidatos a los de enfrente”. Eso explica que hoy se encuentren en la coalición de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) personajes como Eruviel Avila, Manuel Velasco, Alejandro Murat y Luis Miranda Barrera (hijo del compadre de Enrique Peña Nieto). Además, no sólo el poder político se ha mantenido, sino también el económico: durante esta administración los millonarios han aumentado su riqueza, en específico, Carlos Slim. El lopezobradorismo ha sido útil para que el poder político y económico conserven sus facultades de dominación.
Por otra parte, el lopezobradorismo ha utilizado todo su poder institucional y simbólico para preservar el poder militar. Durante este Gobierno aumentó su influencia, su relevancia (encargándose ahora de construir, dirigir y administrar las principales obras) y, además, se les quitó responsabilidad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Institucionalmente se controló al fiscal asignado al caso, Omar Gómez Trejo, quien tuvo que exiliarse a Estados Unidos ante las presiones que recibió; se rompió la colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y con todo el Centro Prodh, y se terminó, casi por completo, con el diálogo con los padres de los 43, quienes pidieron que se pusieran a su disposición los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba en Iguala, Guerrero, y que los revisara el GIEI.
Simbólicamente, se inició una campaña de respaldo a las fuerzas armadas y de deslegitimación de las víctimas de Ayotzinapa. El presidente en sus conferencias matutinas de la semana pasada aseguró que los padres de los 43 estudiantes estaban “manipulados por los conservadores”, y que “no hay pruebas” sobre la participación del ejército en su desaparición. A su vez, personajes afines y cercanos al presidente, como el monero Rafael Barajas, el Fisgón; el escritor Pedro Miguel y la periodista de Contralínea, Nancy Contreras, comenzaron una campaña de desprestigio de los manifestantes, acusándolos de provocadores, de favorecer a los “conservadores” y de impulsar una guerra sucia contra el Gobierno. Esa campaña fue acompañada de una oleada de bots a favor del lopezobradorismo y de calumnias hacia el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales.
Además, la noche del 7 de marzo, policías del estado de Guerrero asesinaron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, y durante los primeros días se trató de ocultar la responsabilidad de las instituciones en el caso, pero, ante la evidencia, finalmente se tuvo que aceptar que hubo abuso de autoridad. No obstante, las manifestaciones pidiendo justicia —para cuando se escribe esta columna— continúan.
En síntesis, el lopezobradorismo es una fuerza política conservadora: utiliza herramientas políticas, institucionales y simbólicas para favorecer al statu quo: a la clase política, a los empresarios y a los militares. Podrá ganar elecciones y seguir acumulando poder, pero es claro que la fuerza del cambio no está en el Gobierno ni en su partido. El lopezobradorismo es, más bien, una fuerza dedicada a la preservación de las estructuras de dominación.