El señor Domingo Simón Arcadio es habitante de la comunidad de Gustavo Baz, tlahuica y vecino de San Juan Atzingo, en Ocuilan, Estado de México. Se dedica al campo y siembra chícharo, maíz, frijol, para autoconsumo, pero también para comercializar. Recientemente, tuvo un problema con una vecina que cercó de manera equivocada su terreno e invadió su propiedad; preocupado, el señor Domingo acudió al distrito judicial de Tenancingo al cual le toma, al menos, dos horas llegar. De ahí, los enviaron a ambos a la cabecera municipal de Ocuilan para resolver la disputa, la cual también se encuentra a dos horas. Pudieron haberse evitado el desgaste de tiempo y de recursos económicos, pues podían acudir y arreglar su problema en el Centro de Paz y Diálogo de San Juan Atzingo, al que les toma sólo 10 minutos llegar.
Los Centros de Paz y Diálogo (CPD) son espacios que se abrieron con el objetivo de ayudar a resolver conflictos de manera pacífica en comunidades indígenas en municipios del Estado de México. Detrás de la creación de los Centros se encuentra el trabajo de personas del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoMEX) que se han acercado a estas comunidades para brindar algunas de las herramientas de mediación que implementan en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, así como el esfuerzo y voluntad de personas pertenecientes a las comunidades –principalmente autoridades comunitarias– que han estado trabajando en la creación y operación de estos. En algunos casos, los Centros han proporcionado diversos beneficios a las personas usuarias, incluso más de los que se pensaron cuando fueron creados, máxime que las personas y comunidades indígenas enfrentan barreras exacerbadas al intentar acercarse a la justicia. Al mismo tiempo, los Centros y las personas que los dirigen enfrentan desafíos constantes para asegurar su operación y garantizar su perdurabilidad a lo largo del tiempo; ambos aspectos son los que pretende abordar este artículo.
El inicio de los Centros de Paz y Diálogo
Para muchas de las comunidades indígenas, la resolución de conflictos a través del diálogo es una práctica milenaria y cotidiana, así como la búsqueda de una o varias acciones que puedan reparar el daño por la falta cometida. Por lo tanto, existe un punto de encuentro importante entre la justicia comunitaria y los principios de justicia alternativa que abrió la posibilidad de pensar en espacios en los que se resolvieran conflictos de manera pacífica. El PJEdoMex generó diversos acercamientos con las comunidades que les permitió conocer más de sus usos y costumbres, incluidas las formas tradicionales de resolución de conflictos. Después de diversos acercamientos entre el PJEdoMex y algunas comunidades, se abrió el primer Centro de Paz y Diálogo en diciembre de 2019 en la comunidad de Pueblo Nuevo, Acambay, que es predominantemente otomí. Tres años más tarde se abrió otro Centro en la comunidad de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan, donde la población es mayoritariamente tlahuica. Finalmente, en agosto de 2023 se inauguraron los dos CPD de San Miguel Almaya -en Capulhuac- y de Zinacantepec, en los que viven personas de las etnias náhuatl y otomí.
El arraigo comunitario de mediadores y el acompañamiento del PJEdoMex
En los cuatro Centros quienes están al frente para su operación son integrantes de la comunidad, lo cual trae consigo diversos beneficios. Por una parte, conocen ampliamente las problemáticas que surgen, así como los usos y costumbres que deben respetarse para intentar resolverlos. Asimismo, comprenden la lengua de su etnia, lo que permite garantizar un entendimiento con las personas que acuden a buscar ayuda. Por otra parte, son figuras reconocidas al interior de su comunidad y que fueron elegidas por votación en asamblea; estas figuras suelen ser los delegados(as), jefes(as) supremos(as) y jefes(as) del consejo de mayores. Esto, a su vez, implica que al operar los Centros tienen reconocimiento, respeto y legitimidad por parte del resto de la comunidad.
Por otra parte, las personas que operan los CPD reciben una capacitación general por parte del PJEdoMex sobre herramientas de mediación y algunos aspectos jurídicos. Sólo en el caso de Pueblo Nuevo los mediadores comunitarios han recibido el acompañamiento de un mediador del PJEdoMex, lo que ha resultado fundamental para que este Centro haya podido operar durante ya cuatro años porque les brinda asesoría; ha realizado co-mediaciones cuando los conflictos son complejos; y, los acuerdos que se generan en el Centro llevan su sello y validación. Un punto importante por considerar para garantizar el buen funcionamiento de los CPD más recientes -San Miguel Almaya y Zinacantepcec- y de la apertura de los próximos es el acompañamiento cercano y constante que puede brindar el PJEdoMex a las personas mediadoras.
Los conflictos más comunes en las comunidades
En todas las comunidades prevalecen los conflictos de linderos, es decir, de los límites que marcan el inicio y fin de una propiedad. También la tala ilegal es común, sobre todo, en las comunidades que cuentan con recursos forestales y que han cuidado por décadas valorándolos como parte importante de su comunidad. El exmediador Iván Ángeles, de Pueblo Nuevo, recuerda el caso de un señor que fue a talar árboles en un lugar de la comunidad donde no estaba permitido, lo que amerita 20 años de cárcel y una multa de más de 100 mil pesos. Cuando llegó la queja al CPD, lo citaron y le explicaron las posibilidades legales -como llevarlo al Ministerio Público- pero llegaron al acuerdo de que el señor plantaría 100 árboles, mismos que consiguieron a través de donaciones, y el señor se encargó de la mano de obra para reparar la falta.
Otros problemas que comparten las comunidades son los familiares como los que surgen por las herencias, el préstamo de dinero o la convivencia de distintas familias en una sola propiedad. También son frecuentes los embarazos adolescentes y con ellos sus implicaciones que pueden ir desde la atención a la salud del madre e hijo, hasta la pensión alimenticia y el cuidado de menores cuando la madre y el padre salen a trabajar. Asimismo, los conflictos vecinales, el consumo de sustancias psicoactivas y el acceso a servicios llegan a los CPD.
Desafortunadamente, la violencia contra las niñas y mujeres también es sumamente común. Los casos de violencia psicológica y de violencia física y sexual llegan también a los CPD. Los mediadores reconocen que estos últimos casos constituyen un tipo de delito penal que no pueden resolver, pero los Centros han servido para que, a las mujeres que asisten a buscar ayuda, se les oriente sobre a qué instituciones acudir. Independientemente de la decisión que tomen -en este u otro tipo de casos en los que el Centro no les puede ayudar a resolver su conflicto- un gran acierto es asesorar a las personas para que puedan tomar una decisión mucho mejor informada respecto de su problemática.
Los desafíos que enfrentan los CPD y las personas que los dirigen
Es importante mencionar que los cargos son honoríficos: no existe un sueldo por el trabajo que desempeñan las personas mediadoras en las comunidades y tampoco existe un apoyo económico para conseguir insumos de papelería, limpieza, mobiliario, equipos electrónicos, o pagar servicios como luz y agua. En el CPD de Zinacantepec es el jefe supremo y la jefa del consejo de mayores quienes pagan la renta de un local, donde sólo cuentan con dos escritorios y dos sillas. El resto de los Centros están alojados en oficinas comunales y no necesitan pagar una renta, pero sí el resto de los insumos que necesita cualquier oficina, incluido un sueldo.
La difusión de los Centros resulta un reto porque no toda la gente sabe que existen estos espacios para resolver un conflicto. Particularmente, en los dos CPD que se abrieron recientemente las personas que los dirigen comparten los servicios que se ofrecen, pero la apropiación de los Centros por parte de la comunidad no es un proceso fácil.
Muchos de los conflictos que se atienden en los Centros de Paz y Diálogo evitan que se escalen y vayan a otras instancias donde se sumen a la larga fila de casos que hay por atender. Además, evita que las personas comiencen toda una travesía donde tienen que invertir dinero y tiempo en trasladarse a sus cabeceras municipales, donde también es probable que sean discriminados por su origen étnico y no entendidos en caso de que no hablen español y sólo hablen su lengua originaria. En pocas palabras, los Centros amplían el acceso a la justicia y con ello, la capacidad legal de las personas para atender sus conflictos o bien, tomar decisiones mejor informadas.
Aunque dos de los cuatro CPD existentes han logrado funcionar pese a todas las adversidades, es importante poner sobre la mesa que el reto de la sostenibilidad no es menor. Por el contrario, los ingresos económicos para quienes los operan y mantienen una oficina son primordiales para garantizar que las personas que enfrentan diversos obstáculos estructurales para acceder a la justicia cuenten con un espacio en donde son escuchados, donde les ayuden a construir la propia solución de sus conflictos y amplíen el abanico de posibilidades cuando se les asesora y se les informa.
Consulta nuestra investigación completa en: http://www.worldjusticeproject.mx/centrosdepazydialogo
Estefany Caudillo es investigadora de World Justice Project.