El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres, aseguró que mantienen operativos en diversos municipios del estado para combatir la extorsión que han denunciado limoneros.
En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, enfatizó que además el sector limonero se ve afectado por la disminución de precios que se registra cada año en los meses de julio y agosto.
“Hay una presencia constante de la Guardia Nacional, Sedena, Guardia Civil, incluso a principios de año hubo una detención de unos de los principales extorsionadores conocido como ‘La Peggy’ y nosotros vamos a mantener la presencia de seguridad. Hay operativos muy específicos”, destacó.
No obstante, el funcionario señaló que una supuesta Unión de Limoneros que ha denunciado extorsión no existe y sólo es un grupo del crimen que busca tener vigilado a su grupo opositor.
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Aunque admitió que si hay un sector de limoneros que han denunciado extorsión por parte del grupo criminal Los Viagras.
“La unión de productores no existe, eso es una acción que genera una parte de la célula delincuencial de la zona para atraer presencia de fuerzas de seguridad para presionar algunas zonas y sectores donde están otros grupos para que rivales estén vigilados”, expuso.
Ante esto, dijo que hoy se reunirá con el sector limonero y hará un recorrido en el tianguis de limoneros para revisar cómo está la producción para hacer un diagnóstico.
Vuelve la guerra del limón: esto esta pasando por el narco…
Guadalupe Mora, empresario y agricultor de limón en Michoacán, acusó que pese a los operativos de la autoridad estatal, las extorsiones no han parado a tal grado que las organizaciones del crimen organizado les exigen 2 pesos por cada kilo del cítrico para que puedan comercializarlo.
Y es que de acuerdo con una investigación del periódico El Universal, la cadena productiva de limón en Apatzingán se encuentra detenida por el acoso de la delincuencia que los extorsiona todos los años sin que la autoridad ofrezca garantías de seguridad.
En este reportaje, se relata que agricultores, empacadores y comercializadores se han visto obligados a pagar un "impuesto criminal" de hasta 4 pesos y que de no cumplirlo se enfrentan a "multas" que pueden llegar hasta el millón de pesos.