El caso Vulcan volvió a subir de tono durante este miércoles, luego de que legisladores republicanos y demócratas de los Estados Unidos presentaron una iniciativa para sancionar a todos los buques que atraquen en Punta Venado, puerto que fue tomado por las autoridades mexicanas desde marzo de 2023 y que, en teoría, se encuentra arrendado por la empresa estadounidense hasta el año 2037.
La iniciativa propone que todos los buques de carga que hagan escala en Puerto Venado, Quintana Roo, no podrán anclar en los puertos de los Estados Unidos, ni siquiera para reparaciones, en caso de que se dirijan al 'vecino país del norte'. Lo anterior en caso de que dicha zona sea expropiada por el gobierno mexicano.
August Pfluger, legislador por Texas y uno de los promotores de esta iniciativa, afirma que se busca proteger los derechos de propiedad de la empresa estadounidense Vulcan y su subsidiaria, Calica, ante la idea presentada por el gobierno mexicano para que Puerto Venado se convierta un Área Natural Protegida (ANP).
De acuerdo con Pfluger, las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer ante acciones arbitrarias de los gobiernos. Asimismo, los congresista de los Estados Unidos han enviado un par de cartas a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para buscar una solución al conflicto.
¿En qué consiste el caso Vulcan?
En 2023, el Gobierno de México acusó a Vulcan y su concesionaria Calica de probables daños y deterioro al ecosistema de Punta Venado, donde se extraen miles de tonelada de piedra caliza. Mientras que, desde 2018, la empresa de EU reclama a México mil 529 millones de dólares (alrededor de 24 mil 400 millones de pesos) ante el supuesto incumplimiento de una concesión.
Aunque existe una arbitraje internacional respecto al caso, en marzo de 2023, el Ejército y la Marina tomaron las instalaciones de Calica en Punta Venado. Lo que se sumó a la clausura del predio de La Rosita, un año antes, lo cual detuvo el envío de roca caliza hacia los Estados Unidos.
Para julio de 2023, el gobierno del presidente López Obrador ofreció 6 mil 500 millones de pesos para adquirir el predio de 2 mil 411 hectáreas, además de que ya no se le otorgaría ningún permiso a Calica y Vulcan, pese a que ambas aseguran que el contrato está vigente hasta 2037.
En un inicio, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación planteó un desarrollo ecoturístico en la zona, aunque ahora buscan que se convierta en una ANP. Asimismo, el presidente López Obrador acusó a Vulcan de que aguardan al fin de su sexenio y la llegada del siguiente gobierno, con la finalidad de tener los mismos acuerdos.