Luego que la Corte Suprema de los Estados Unidos dio marcha atrás y avaló la ley SB4, que criminaliza a las personas migrantes en Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la entrada en vigor de dicha normativa y anunció una serie de acciones para advertir sobre el efecto que dicha ley tendrá en la relación bilateral.
A través de un comunicado, la Cancillería anunció que como parte de las acciones para velar por los intereses de los connacionales en Estados Unidos, "el Gobierno de México participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, ubicada en Nueva Orleans, Luisiana", con la finalidad de informar a las personas sobre los alcances y efectos de la ley SB4.
México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano", manifestó la Cancillería.
La Cancillería recordó que México ha participado como 'Amigo de la Corte' contra otras legislaciones antiinmigrantes: contra la ley SB1070, promulgada en Arizona durante 2010; HB56, en Alabama durante 2011; así como la SB4, en Texas durante 2017. Aparte de que se alista una estrategia de "asistencia y protección consular".
En el mismo mensaje, la SRE anunció lo siguiente: "seguirá brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas en Texas, a través de sus 11 representaciones en el Estado, y del Consulado de Albuquerque que también cubre condados del Estado".
La ley SB4 fue considerada como una medida que atenta contra los derechos de la comunidad migrante, debido a que criminaliza, fomenta la separación de las familias, la discriminación y el perfilamiento racial, de acuerdo con lo que anunció la Cancillería a través de un comunicado.
Corte Suprema de EU da vía libre a Texas
El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este martes a favor del estado de Texas permitiéndole la entrada en vigor de una ley que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.
El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.