En Chiapas, grupos de la delincuencia organizada están exigiendo cuotas de 30 mil pesos a iglesias evangélicas.
En medio de la creciente violencia que azota la región de Sierra Mariscal, Chiapas, la Iglesia evangélica se ve obligada a cerrar las puertas de 100 de sus templos. El pastor Francisco Napabe revela que el narcotráfico exige cuotas de 30 mil pesos por derecho de piso a estas instituciones religiosas para evitar represalias.
El pasado fin de semana, la comunidad evangélica anunció la decisión de suspender ceremonias en un intento desesperado por protegerse de la violencia generada por grupos criminales. El pastor Napabe detalla que la extorsión del narco ha cobrado vidas, como el reciente asesinato de un colega que se negó a pagar una cuota de 30 mil pesos como derecho de piso.
Foto: Argenis Esquipulas.
"Nuestro compañero de la Iglesia Montes Sión fue hallado sin vida a la orilla del río. Se resistió a pagar la cuota exigida por el narcotráfico, y lamentablemente, su negativa le costó la vida. La situación es crítica, y muchas comunidades religiosas enfrentan la difícil decisión de cerrar sus templos para proteger a sus fieles", relata el pastor Napabe.
Te podría interesar
Este oscuro panorama refleja la complejidad de la situación en Chiapas, donde la violencia y la extorsión del narcotráfico amenazan la libertad de practicar la fe en paz. Las autoridades locales se ven desafiadas a abordar este problema de seguridad que afecta no solo a la comunidad religiosa, sino a toda la sociedad chiapaneca.
Francisco Napabe denunció la extorsión a templos en la región, aunque no proporcionó una cifra exacta. Reveló que otras organizaciones también han alertado sobre la presencia de estos grupos en Motozintla.
Violencia en Chiapas: critican inacción del Gobierno
La falta de acción del gobierno estatal y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado críticas. Napabe reprochó la inacción y la falta de reconocimiento frente a los hechos violentos que han desencadenado el desplazamiento de pobladores y el cierre de negocios en diversas regiones de México.
“Lamentablemente, no vemos respuesta de nuestro gobierno.
Lo que más preocupa es que tanto el presidente de la República como el Gobierno estatal han declarado públicamente que en Chiapas no ocurren estas situaciones, sino que hay paz, utilizando frases elocuentes de politiquería”, criticó el pastor chiapaneco.
Contrariamente, Napabe negó tener información sobre las organizaciones criminales que operan en Chiapas, incluyendo Motozintla. La situación, según él, refleja la falta de transparencia y reconocimiento de la problemática por parte de las autoridades, generando una creciente preocupación entre la población.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha presentado un alarmante informe que revela una situación preocupante en la región de Chicomuselo. Según Frayba, en los últimos meses, aproximadamente tres mil personas han sido desplazadas, cifra que contrasta con el registro oficial de Protección Civil del estado, que reportaba mil 864 desplazados en la misma región.
Desde junio de 2021 hasta la fecha actual, más de 10 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido al desplazamiento forzado, una crisis humanitaria que ha dejado a estas personas sin más opción que huir para preservar sus vidas. Lamentablemente, este éxodo ha llevado consigo la pérdida de su precario patrimonio, sumiendo a estas comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.
Es especialmente preocupante que, a pesar de la magnitud de esta crisis, el gobierno no ha tomado medidas adecuadas para abordar la problemática. La falta de acción gubernamental ha dejado a estas personas desplazadas en una situación de desamparo, sin recibir el apoyo necesario para reconstruir sus vidas y comunidades.
El informe de Frayba destaca la urgencia de una respuesta humanitaria eficaz por parte de las autoridades competentes. Es imperativo que se implementen medidas para garantizar la protección y asistencia a las personas desplazadas, así como para abordar las causas subyacentes de esta crisis, asegurando la seguridad y bienestar de la población afectada.
En medio de la desesperación y la falta de respuestas concretas, la labor de organizaciones como Frayba se vuelve crucial para visibilizar y documentar estas violaciones a los derechos humanos.
En una situación marcada por la violencia y la inseguridad, varios templos en los municipios de Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera, en Chiapas, se vieron obligados a suspender temporalmente sus cultos. Esta medida fue tomada por más de un centenar de ministros evangélicos, sus familias y habitantes de la región, quienes abandonaron sus hogares para buscar refugio en las montañas debido a los enfrentamientos entre cárteles que azotan la zona.
El representante evangélico, el pastor Francisco Napabe, expresó que, a pesar de mantener su fe en Dios, la presencia de grupos delincuenciales ha generado temor entre la comunidad. "Como cualquier ser humano, todos están atemorizados por la presencia de los grupos delincuenciales que están en esa zona, y de alguna manera se siente la inseguridad", comentó el líder espiritual.
El líder de los pastores evangélicos de Tapachula señaló que han instado a las autoridades federales y estatales a cumplir con su responsabilidad y garantizar la seguridad en los municipios de la Sierra. "Hay una represión generalizada en la Sierra y es lamentable que esto ocurra en nuestro estado. Ha sido desconocimiento de las autoridades federales y estatales, y da pena que no intervengan para poner un alto a las arbitrariedades que hacen los grupos delincuenciales", expresó el pastor Francisco Napabe.
Además, el pastor Napabe resaltó que la violencia ha afectado el suministro de alimentos en la región. "Acá en la sierra de Motozintla, Comalapa, ha habido carestía de alimentos debido a la delincuencia", agregó. Esta situación pone de manifiesto las consecuencias directas del conflicto armado en la vida cotidiana de los habitantes, afectando no solo su seguridad espiritual, sino también sus condiciones de vida básicas.
El Censo 2020 del Inegi revela que en Chiapas, un millón 795 mil 861 personas profesan la religión evangélica, siendo la entidad con más seguidores de esta fe en el país. Este contexto de violencia, desplazamiento y temor plantea un desafío para las autoridades y destaca la urgencia de medidas efectivas para salvaguardar la integridad de la comunidad evangélica y de toda la población en la región.
En medio de la pandemia, la región de la Sierra de Chiapas enfrentó una situación desoladora que va más allá de la lucha contra el COVID-19. Erika, habitante de Frontera Comalapa, denuncia que no solo los evangélicos han cerrado sus puertas, sino también numerosos comercios y escuelas, sumiendo a la comunidad en una suerte de aislamiento, incluso cuando las restricciones pandémicas se flexibilizan.
La situación toma un giro más oscuro en Pantelhó, donde más de tres mil personas de 86 comunidades tomaron la alcaldía en un acto de furia. Incendiaron casas, vehículos y saquearon tiendas, haciendo retroceder a las fuerzas del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales que hasta entonces mantenían el control del pueblo. La razón detrás de este acto radical es la identificación de quienes tienen vínculos con la familia "Los Herrera" y el llamado "narco ayuntamiento".
La presencia de sicarios del Cártel de Sinaloa en las comunidades de la sierra chiapaneca es otra cara de esta compleja situación. Convoyes de estos grupos armados han llegado a Chicomuselo, donde realizan censos para reclutar a personas que, según los habitantes, son utilizadas como "carne de cañón" o "halcones" para informar sobre los movimientos de grupos rivales y de las autoridades.
En Motozintla y Frontera Comalapa, los habitantes describen una realidad donde la presencia constante de hombres armados se ha vuelto habitual. La falta de acción efectiva por parte del Ejército, la Guardia Nacional o cualquier entidad de seguridad local ha dejado a los lugareños en un estado de vulnerabilidad constante.
La violencia generada por los enfrentamientos entre grupos criminales se suma al desafío del desabasto de alimentos que afecta a la región. El líder de la iglesia evangélica en Tapachula ha urgido a las autoridades a tomar medidas que no sólo aborden la violencia, sino también garanticen el acceso a alimentos y la tranquilidad para los habitantes de esta región que enfrenta una situación crónica.
Las comunidades chiapanecas se encuentran en una encrucijada, donde la convergencia de la pandemia, la violencia entre cárteles y la falta de recursos básicos han creado un caldo de cultivo para la desesperación. Urge una respuesta integral por parte de las autoridades para restaurar la paz y la estabilidad en esta región golpeada por múltiples crisis.