El flujo de migrantes en México incrementó desde 2023 y después de que Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos, por segunda ocasión, son varias las personas en contexto de movilidad que aceleraron su paso para llegar a la frontera y cruzar.
En medio de esta situación y de las presiones que el Gobierno de México ha recibido por parte del magnate para enfrentar la crisis migratoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió al Congreso de la Unión cumplir con la Ley Nacional del Registro de Detenciones y reformar la Ley de Migración para que se cree un registro de personas migrantes detenidas.
Esto se debe a que hasta la fecha las personas en contexto de movilidad que se encuentran detenidas ingresan en el mismo registro en los centros del Instituto Nacional de Migración (INM), así como dimensionar la cantidad de migrantes que entran al país.
El proyecto fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán como respuesta a un amparo de la asociación civil Trotasueños, la cual pertenece al Servicio Jesuita a Refugiados México.
Te podría interesar
¿Por qué debe crearse el registro de migrantes detenidos?
Trotasueños se amparo contra la omisión legislativa, debido a que el Congreso de la Unión aprobó una reforma para aprobar la creación de la Ley Nacional del Registro de Detenciones en 2019.
La cual establece en el artículo octavo transitorio que se debe de reformar la Ley de Migración en un plazo máximo de 180 días para establecer la creación de dicho registro de personas migrantes detenidas y debe contar “con las mismas garantías procesales, de protección y de seguridad que las previstas en la presente ley”.
Según lo que establece la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el plazo que los legisladores y legisladoras tenían para reformar la Ley de Migración venció desde hace cuatro años. Este fue el motivo de impugnación de la organización.
El proyecto del ministro Pérez Dayán señala que la expedición de la Ley del Registro de Detenciones fue consecuencia del decreto de reformas a la Constitución Federal en materia de la Guardia Nacional y en la cual se establece que el Poder Legislativo tiene la facultad de crear el registro para que haya un control administrativo de las detenciones.
De esta manera se van a garantizar los derechos humanos de toda persona en territorio mexicano, así como a prevenir tanto la tortura como las detenciones arbitrarias.
La Corte consideró que el Congreso reconoce con la Ley del Registro Nacional de Detenciones que los migrantes enfrentan una situación de vulnerabilidad y que el Estado Mexicano tiene la obligación de proteger sus derechos humanos, igual que respetar las garantías de un debido proceso.
“Para cumplir a cabalidad con esta obligación, resultaría necesario que las detenciones de las personas migrantes fueran debidamente registradas y procesadas”, señaló la Corte.
Este registro también va a contribuir a que los migrantes sean buscados por sus familiares cuando estén detenidos en lugar de que sean considerados como desaparecidos, debido a que en la actualidad si son aprehendidos por alguna autoridad en México tienen que contactar a los consulados.
