Bertrand Russell, filósofo británico ganador del Premio Nobel de Literatura, mandó una carta a México en el año de 1966: que se libere y se deje de torturar a Adolfo Gilly y otro grupo de trotskistas, exigió. La misiva tenía un destinatario: Eduardo Ferrer McGregor, el siniestro juez de distrito que persiguió a comunistas, líderes de izquierda y estudiantes del 68. Hombre quien a la postre, en el ocaso de su carrera judicial, devino en un agente del crimen organizado.
Si en aquellos convulsos años, en plena Guerra Fría, eras un activista incómodo para el Estado, guerrillero o supuesto agente de la Unión Soviética, lo más seguro es que te sentenciara a los calabozos de Lecumberri: como hizo con tantos jóvenes, periodistas e intelectuales. Mas no sólo fue un verdugo al servicio del PRI para perseguir a disidentes, también se trató de una pieza clave del cártel de narcotráfico encabezado por Arturo ‘El Negro’ Durazo, antiguo jefe de la policía capitalina.
El inquisidor de comunistas y azote de la izquierda mexicana
Pocos hombres fueron tan nocivos para el país en el Siglo XX como Ferrer McGregor.
Russell no fue el único en enviarle cartas. De acuerdo a documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, una serie de intelectuales y activistas de Estados Unidos y otras naciones occidentales le imploraron por la libertad de Gilly, estudioso de la Revolución Mexicana y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como de otros comunistas detenidos por las autoridades.
En aquel año de 1966, el propio Gilly, fallecido este 2024, mandó misivas, interceptadas por el Gobierno, a Leo Huberman, autor de Los Bienes Terrenales del Hombre, y Paul Sweezy, icónico economista marxista, para pedirles que ejercieran presión en Washington. Este fue el inicio de la larga persecución de Ferrer MacGregor en contra de opositores al Gobierno. Sus principales víctimas, al menos las más conocidas, fueron los participantes del Movimiento Estudiantil de 1968. En total, condenó a 86 dirigentes e integrantes de la lucha, entre ellos José Revueltas, Heberto Castillo y Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, a quienes les impuso condenas que oscilaban entre los 3 y 17 años de prisión.
Destaca una caótica audiencia del 17 de septiembre de 1970, que transcurrió en un ambiente de chiflidos y abucheos, donde Revueltas despidió a su defensa, para representarse a sí mismo. En aquella sesión, además, estuvieron en el banquillo de los acusados el norteamericano Bernard Phillips, Raúl Álvarez Garín, Miguel Eduardo del Valle Espinosa, Joel Arriaga Navarro, Roberta Avendaño, Ana Ignacia Rodríguez, José Tayde, Arturo Martínez Natera, Marco Antonio Ávila Cadena, Moisés González Pacheco, Salvador Ruiz Villegas, Rodolfo Echeverría Martínez, José Trejo Fuentes, José Natividad Francisco Colmenares y Jesús González Guardado.
Aquella diligencia se prolongó por horas y hasta se leyó un telegrama de la Federación Internacional de Derechos del Hombre con sede en París. Fue, por cierto, ese mismo 1970, meses antes, en el que, en un caso distinto, Ferrer McGregor dictó prisión contra el periodista Mario Renato Menéndez, fundador del Por Esto!, y contra su grupo de supuestos terroristas, quienes presuntamente colocaron bombas en la Ciudad de México.
A Menéndez, viejo periodista aliado de las causas progresistas, cuya muerte a inicios de este año fue lamentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se le torturó y se le investigó no sólo por los famosos bombazos, uno de ellos en Televicentro y otro en la sede local del PAN, sino también por haber comandado una guerrilla en Chiapas.
El año siguiente, se concretó el Golpe al movimiento del 68: el temido juez logró dictar sentencia a José Revueltas, Heberto Castillo, así como a los líderes estudiantiles Luis Romas Cervantes Cabeza de Vaca, Sócrates Amado Campos Lemus, Ignacio Alfonso Plata Díaz, Carlos Martín del Campo Ponce de León y Arturo Martínez Nájera. En semanas siguientes consiguió sentenciar a una docena más de sobrevivientes de la Masacre del 2 de octubre. Todos ellos, a pesar de haber sido encarcelados, recibieron un indulto del Congreso.
También, en aquel año de 1971, un día después del Halconazo, pero sin relación a esa masacre en tiempos de Echeverría, encarceló a 20 integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria, jóvenes que estudiaron en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y recibieron entrenamiento de guerrillas en Corea del Norte y cuya detención, ocurrida el 18 de marzo, fue acompañada con la expulsión sorpresiva de 5 diplomáticos soviéticos: Dimitri Diakonov, encargado de negocios; Boris Kolomiakov, Boris Voskoboinikov, Oleg Netchiporenko y Alexandre Bolchakov, a los que la noticia los agarró desprevenidos en la avenida Tacubaya.
Relacionado sí con la represión del 10 de junio del 71, Ferrer MacGregor le revocó dos días después, el 12 de ese mes, a Manuel Marcué Pardiñas, exdirigente del Partido Comunista, la libertad bajo protesta que gozaba desde hace dos meses, porque el jueves de Corpus Cristi fue visto en esa manifestación estudiantil que fue dispersada a tiros y golpes, e inclusive se publicaron en varios diarios fotografías en las que aparece entre manifestantes y policías.
Matón, coyote y cómplice del cártel del Negro Durazo
Los crímenes del juez no terminaron ahí.
Acabada la época más turbulenta de la Guerra Sucia en el sexenio echeverrista, a Ferrer MacGregor se le abrió un expediente por corrupción en 1974: debido a su mala fama como juzgador, se le quiso transferir del Distrito Federal a Oaxaca, lo cual, de acuerdo a un reportaje de La Jornada, firmado por el reportero Gustavo Castillo García, fue impedido por una intervención de Fernando Gutiérrez Barrios, entonces subsecretario de Gobernación.
Al juez le aguardaba, sin embargo, otro destino: unirse a la pandilla criminal de Arturo "El Negro" Durazo. Desde las cloacas de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT) de la Ciudad de México, en donde se desempeñó como jefe de la Oficina Jurídica, tuvo el papel de tapar las corruptelas de su jefe, además de ayudarle en otras tantas, como el tráfico de placas para taxistas. Y así fue, hasta que lo traicionaron. Tras la caída del Negro Durazo, se le quiso usar como chivo expiatorio.
Acabado el sexenio de López Portillo, el antiguo amigo de la infancia del expresidente, Durazo, a quien puso a cargo de la seguridad de la ciudad de México, pero que él mismo se consideraba como el verdadero gobernante de la capital, cayó en desgracia. Sus abusos, corrupción y excesos fueron investigadas por el gobierno de Miguel de la Madrid, con quien tuvo un fuerte choque político.
La agencia de inteligencia del Gobierno mexicano realizó distintas pesquisas en la década de los 80 en donde señaló al "Negro" Durazo de encabezar, desde la policía del Distrito Federal, la principal banda de tráfico de drogas de México a Estados Unidos. En esa organización también estaban personajes como Víctor Payan Rodríguez, director de Comunicación Social de la DGPyT, el teniente coronel Gilberto Torres Focil, asesinado a balazos en el bar Montparnasse en Insurgentes Nortes, José de Jesús Pérez Núñez, Humberto Toledo Moreno, Felipe Soto Mayor Olvera, los hermanos Islas Rueda, Pedro Luna, Carlos Bosques Zarazúa y el propio Ferrer McGregor, entre otros.
Uno de los principales hallazgos de las autoridades federales, consistió en que Payan Rodríguez, Francisco Sahagún Baca y Daniel Molina solicitaron la intervención del general Arturo Durazo Moreno para que el narcotraficante Echegoyen no fuera condenado por el magistrado del Tribunal Unitario de Mazatlán, Sinaloa, de nombre Dario Maldonado Zambrano.
Para lograr lo anterior, revelan documentos oficiales, "Durazo Moreno envió al jefe de la oficina jurídica de la DGPyT Eduardo Ferrer MacGregor, aquel juez encargado de sentenciar a los participantes del Movimiento Estudiantil de 1968, para que sobornara con medio millón de pesos al magistrado, quien no cayó en las redes de los billetes y denunció los hechos. Todos los diarios de la República armaron tremendo escándalo pidiendo la cabeza de Ferrer MacGregor". Ante tal situación Durazo Moreno y sus compinches recurrieron a la prensa, a la cual sedujeron mediante cañonazos de varios miles de pesos, y decidieron utilizar al juez Ferrer como chivo expiatorio para salvar el pellejo.
Esto no funcionó, pero aún les quedaba otro plan. Tras las indagatorias a Durazo, que culminaron en su detención en Puerto Rico en 1984, éste contraatacó filtrando la información respecto a que De la Madrid depositó 116 millones de dólares en bancos Suizos. Esta información, según documentos de la DFS, la entregó Payán Rodríguez al periodista estadounidense Jack Anderson para perjudicar al presidente mexicano días previos a su encuentro con su homólogo Ronald Reagan.
"La maniobra de involucrar al presidente De la Madrid en un supuesto depósito de dólares en el extranjero fue obra de Payán Rodríguez para detener la extradición de Arturo Durazo Moreno y como llamada de advertencia", indica un antiguo documento en poder del Archivo General de la Nación.
La DFS también encontró que Víctor Payán Rodríguez era el principal proveedor de drogas de Arturo Durazo Moreno y quien organizaba los bacanales de Fiesta Palace, orgías a las que acudían famosos como Raúl Velasco y donde el artículo básico de consumo era la heroína y cocaína.
Toda la banda cayó en desgracia. Ferrer McGregor, juez primero de distrito en materia penal, antiguo verdugo de comunistas, intelectuales y líderes de izquierda, desapareció de la vida pública y hay poca información en los años posteriores al desmantelamiento de la agrupación criminal del exjefe de la Policía capitalina.
Cuando se habla de la Guerra Sucia se piensa en Díaz Ordaz y Echeverría como los únicos responsables. Sin embargo, había todo un aparato gubernamental, burócrata, militar y judicial que se encargó de perseguir y asesinar a la disidencia política: lo mismo famosos escritores y periodistas, que jóvenes, mujeres y campesinos.
El juez Ferrer McGregor fue una parte esencial de esa maquinaria. Y conocer su historia es también conocer las razones que nos llevaron a la gran tragedia nacional de los desaparecidos, el crecimiento del narcotráfico y la guerra contra las drogas, que en el fondo nacieron de medidas contrainsurgentes y de desterritorialización, las cuales, aún hoy en día, devastan al país desde la frontera norte a la frontera sur. De Tijuana al Suchiate.