El INAI exhortó al Banco del Bienestar a dar claridad en los pagos de los médicos cubanos que arribaron a territorio nacional en el marco del crisis sanitaria por Covid-19, pues el órgano autónomo afirma que el Gobierno Federal pagó 10 mil 700 dólares al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la contratación de los especialistas de la salud.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la comisionada Julieta del Río informó que tanto la Secretaría del Bienestar se declaró incompetente para dar a conocer las facturas que se generaron con dicha contratación.
Del Río Venegas sostuvo que, de acuerdo con un informe internacional, México otorgó 10 mil 700 dólares (181 mil 900 pesos mexicanos) al Gobierno de Cuba a cada uno de los 585 médicos y enfermeros de aquel país que arribaron a territorio nacional para enfrentar la crisis sanitaria. Dicha cantidad fue otorgada por el lapso de tres meses.
“En este informe sólo se dice que La Habana les dio 600 dólares por tres meses y que el resto lo va a cubrir el Gobierno de México, según el informe internacional”, declaró.
Ante el Pleno del INAI, la comisionada acusó al Gobierno de Cuba de “quedarse” con el con 94.4 por ciento del monto que cobró por los servicios de sus médicos en territorio mexicano.
México y Cuba firmaron acuerdo para fortalecer salud
Fue el pasado 8 de mayo del 2022 cuando ambos países firmaron un acuerdo con el objetivo de establecer el marco jurídico de referencia mediante el cual ambas dependencias desarrollarán actividades de cooperación técnica, científica y académica.
La firma tuvo lugar en el Palacio de la Revolución, tras la reunión que mantuvieron los presidentes de Cuba y México, Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador, durante la visita de trabajo del mandatario mexicano en La Habana.
El acuerdo en materia de salud expresó la voluntad del Gobierno de México y Cuba para fortalecer los lazos históricos, así como promover la capacitación de recursos humanos, la investigación y la asistencia médica en diferentes áreas y establecer el marco jurídico para desarrollar la cooperación técnica, científica y académica.