El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló a la Fiscalía General de la República (FGR) por no impugnar el cambio en la medida cautelar de ocho militares ligados al caso Ayotzinapa, quienes continuarán su proceso en libertad y esto ha causado nuevos roces entre el poder judicial y el gobierno federal. Aunado a esto, la CJF enumeró las medidas cautelares en contra de los agentes.
A través de un comunicado, la Judicatura dejó en claro que sólo los militares interpusieron un recurso de revisión, es decir, un amparo indirecto en contra de la medida cautelar de prisión preventiva, "no así la Fiscalía", remarcó el CJF. Fue así que el pasado 20 de enero se modificaron las medidas cautelares en contra de los elementos castreneses.
Las medidas cautelares establecidas a los ocho militares fueron: presentación periódica quincenal de los militares que se encuentran bajo proceso; la exhibición de una garantía económica de 50 mil pesos; la prohibición de salir del país y acercarse a Guerrero (donde ocurrieron los hechos), además de no contactar a los familiares de las víctimas.
Los ocho militares enfrentan su proceso en libertad, luego de que el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió un recurso a su favor. Los agentes son juzgados por el delito de desaparición forzada, procedimiento que es seguido por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
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La 4T pide que se revisen las medidas cautelares
A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Secretaría de Gobernación (Segob) fijó postura sobre la liberación de los ocho militares y le pidió a la Fiscalía que solicite la revisión de las medidas cautelares en contra de los ocho militares, a causa de un presunto riesgo de fuga.
En el mismo comunicado, la Segob adelantó que se girarán nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho militares y se agoten todas las líneas de investigación, en torno a la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural 'Isidro Burgos', quienes fueron privados de la libertad y continúan en calidad de desaparecidos desde 2014.
El gobierno federal considera que el cambio en la medida cautelar de los ocho militares fue un daño "inconmensurable" y que mina la procuración de justicia en México.