En plena polémica por los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gobiernos de varios estados se han negado a distribuir los ejemplares por la incertidumbre en torno a los contenidos aprobados.
Estados como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco han mostrado su inconformidad con la actual controversia por los libros de texto, colocando obstáculos o reservas a la distribución de los contenidos que ya llegan a las entidades, pese a la orden de un juez para detenerlos y revisarlos.
Los contenidos de libros de texto comenzaron a ser criticados tras la filtración de supuestas versiones digitales que detonaron críticas y levantaron alarmas acerca de un nuevo modelo educativo.
Guanajuato se niega…pero cede
Entre los primeros estados en rechazarlos estuvo Guanajuato, donde gobierna el panista Diego Sinhué Rodríguez, donde se dio a conocer que los libros de texto que llegaban para el nuevo ciclo escolar eran resguardados en almacenes por el amparo que ganó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
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“Los libros que llegan los estamos resguardando en almacenes regionales, hasta en tanto lleguen la totalidad y la SEP resuelva el tema legal que enfrenta”, difundió inicialmente la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) el pasado 28 de junio.
Sin embargo, este 7 de agosto, la dependencia informó que sí se entregarán los libros para no afectar a los estudiantes que carecen de oportunidad de adquirir otros diferentes.
Chihuahua, un rotundo no a la SEP
Asimismo, la panista Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ha desdeñado públicamente los nuevos libros de la SEP por un “alto contenido ideologizante” e incluso ha ordenado que no se distribuyan a estudiantes de la entidad.
La funcionaria presentó incluso una controversia constitucional contra los nuevos libros de texto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo claro de no permitir que estos lleguen a las aulas.
“Son una basura”, criticó al hacer un llamado al gobierno para poner más atención en la calidad de los contenidos que miles de estudiantes aprenderán en el ciclo escolar 2023-2024.
Jalisco rechaza libros y presenta alternativa
Durante una conferencia este 7 de agosto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, dio a conocer que su gobierno tampoco distribuiría los libros de texto, pero que aplicará el proyecto “Recrea Educar para la Vida”.
“En tanto no haya resolución judicial, los libros no serán distribuidos y entregados”, señaló.
Este "plan B" educativo pretende otorgar a profesores, alumnos y padres de familia todo tipo de contenidos y herramientas alternativas a aquellas que ofrece la SEP. Hasta ahora, señalaron, el estado ha recibido una gran cantidad de libros de texto que se mantendrán en resguardo hasta que se resuelva el caso.
Los libros de texto, como el Nuevo Plan de Estudios de la SEP, ha tenido un camino atropellado en los últimos dos años. En septiembre se canceló la prueba piloto del programa y en mayo de 2023, un juez concedió el amparo a la UNPF del que se justifica la negativa de los gobernadores, pues este suspendió la impresión de los libros de texto y ordenó someterlos a revisión.
Coahuila se suma a los estados que no estregarán libros de texto
Finalmente el Gobierno Coahuila, del priista Miguel Riquelme, a través de un comunicado de de su Secretaría de Educación, encabezada por Francisco Saracho Navarro, anunció que en la entidad tampoco se entregarán los libros de texto gratuitos.
“Coahuila hará uso de los recursos jurídicos previstos en la Ley para revisar el procedimiento y, en su caso, éste sea repuesto con una amplia participación de especialistas en educación, docentes y padres de familia, y de esta forma garantizar la calidad de los planes de estudio y materiales educativos para la niñez de Coahuila y todo México”, apuntó el secretario.
De cuerdo con el reportero de Grupo Fórmula, Sergio Peimbert, será hasta el próximo 18 de agosto, cuando se celebre la audiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se determinará si los amparos interpuestos por organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia son procedentes.
Saracho Navarro argumentó que los docentes y padres de familia pueden estar seguros que están siendo escuchados y se actuará con total responsabilidad para —de acuerdo a la Ley—, “garantizar la educación de calidad para la niñez de nuestro estado”.