Estar en prisión sin sentencia ha sido un caso cada vez más recurrente en México. Recientemente, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario confirmó que en promedio un 39 por ciento de las personas privadas de su libertad (ppl) en 2022 no contó con una sentencia, mientras que para mayo de 2023, el 42 por ciento de quienes están procesados se concentran en cinco estados de la República Méxicana
De acuerdo con un análisis de datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta mayo 2023, en México se registraron 232 mil 230 ppl en centros penitenciarios federales, Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi). El 40 por ciento de ellas con estatus de procesadas ante el sistema penal.
Lugares como el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Baja California y Veracruz registran los número más altos de personas procesadas en el país. Además de que en éstos cinco estados se concentra el 42 por ciento de los casos de ésta naturaleza.
La aplicación del Sistema Penal Acusatorio y los mecanismos alternativos de solución de controversias en 2008 disminuyó progresivamente la población carcelaria, hasta que en 2019 el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa comenzó a aumentar y con ello las cárceles volvieron a llenarse.
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"Hay un catálogo muy grande de delitos supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa", dijo Cristina Reyes, directora de litigio estratégico de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) en entrevista con Grupo Fórmula. "Basta con que simplemente te señalen por la probable comisión de un delito de ese catálogo, sin necesariamente contar con una investigación sólida o pruebas que demuestren tu responsabilidad"
De acuerdo con el Censo, en Baja California, Estado de México y Michoacán el 100 por ciento de las personas recluidas se encuentran sin sentencia bajo la estructura de prisión preventiva oficiosa o justificada. Mientras que a nivel nacional el 52 por ciento se encontraban en reclusión oficiosa, 23.9 por ciento en justificada, 11.4 por ciento en otro supuesto jurídico, y para 14.5 por ciento sin identificar su estado jurídico.
"La Fiscalía siempre van a buscar que las personas queden encarceladas de manera preventiva porque eso las hace ver como que sí están trabajando ante las víctimas", señaló.
¿En qué estados hay más personas sin sentencia?
La prisión sin sentencia viola continuamente derechos humanos a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la justicia. Sobre todo, ha desatado una "crisis de encarcelamiento masivo de personas inocentes", pues hasta que no halla una sentencia, una persona no puede ser tratada como culpable.
"(La Fiscalía) se da por bien servidas con el hecho de tener ya a una persona cancelada. En vez de Investigar para estudiar los hechos, investigan para encarcelar", recalcó.
El problema es que una persona puede permanecer sin sentencia por años en México. El Censo señaló que cerca del 30 por ciento de hombres y mujeres en prisión esperaron 24 meses o más por una sentencia.
A nivel nacional, Tlaxcala se mantuvo como el estado con más personas procesadas en comparación con la sentenciadas. en mayo de 2023, tanto en delitos de fuero común como el federal. Con más del 70 por ciento de la población penitenciaria en esta situación, un total de 708 personas contra sólo 294 que sí obtuvieron una sentencia.
Quintana Roo quedó en segundo lugar al reportar 3 mil 633 personas en prisión, de las que casi el 65 por ciento se encontraban procesadas y 1 mil 275 tenían una sentencia.
El estado de Jalisco se encuentra en el tercer lugar de la lista con 64 por ciento de personas procesadas y donde apenas 4 mil 805, de las más de 13 mil 400 ppl, recibieron sentencia en sus casos.
En el otro lado de la moneda, Campeche es el estado con menos número y porcentaje de personas procesadas con 22 por ciento, equivalente a 224 casos. Colima y Yucatán le siguen en menores cantidades con 450 y 530 personas en este estatus.
La prisión sin sentencia ha sido ampliamente criticada por diversas organizaciones en favor de los derechos humanos. Existen casos que tardan años en sentenciar a una persona privada de su libertad o encerrada por un delito que no cometió.