El Gobierno de México presentó este viernes un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, misma que frena la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través de un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) se mostró en contra de la determinación del ministro de la SCJN, quien admitió una acción de inconstitucionalidad y otorgó una suspensión que frena la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De esta forma, los recursos que pertenecen a los fideicomisos del PJF tampoco se podrán disponer para ayudar a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, entidad que resultó gravemente afectada por el paso del huracán ‘Otis’.
La CJEF calificó la decisión de Laynez Potisek como “ilegal”, motivo por el cual presentó un recurso de reclamación. Asimismo, hizo un llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta Norma Piña, y permita que los recursos, “propiedad del pueblo”, sean utilizados para los damnificados de la costa de Guerrero.
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En el comunicado, la Consejería califica como “lamentable” que el ministro se haya pronunciado “anticipada y públicamente, en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto” para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Debido a ello, la CJEF consideró que “hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad” de Javier Laynez, cuyos requisitos son “necesarios en todo juzgador”.
“Para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados”.
Asimismo, señala que el ministro “afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional”, sin embargo, resaltó que “olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”.
De igual forma, la Consejería resaltó que la determinación del ministro Laynez “representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional”, al señalar que “el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer “inmune” frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo”.