Instituciones del Estado mexicano han sido víctimas de un fraude de al menos 6 mil millones de pesos a través del esquema Ponzi, según una investigación de El País. Dicha estafa se replicó en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
El diario español tuvo acceso a una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la cual se demuestra un quebranto millonario mediante un negocio encabezado por los empresarios René Dávila y Roberto Guzmán, cuyo objetivo gira en torno a "convencer a tesoreros de instituciones públicas de invertir con dinero del erario en su sistema".
De esta forma, Dávila y Guzmán venden bonos de deuda y prometen a las instituciones obtener rendimientos muy elevados (del 11 por ciento al 13 por ciento anuales) y el pago en efectivo de una “comisión de colocación” del 5 por ciento del total de los recursos comprometidos.
Dichos bonos -advierte El País- son emitidos por casas de bolsa en representación de compañías de los empresarios que no tienen manera de respaldar las inversiones. Las firmas son Financiera Corafi, cuyo representante legal es Dávila, y Estratégica Corporativa en Finanzas (Escorfin), representada legalmente por Guzmán.
"Llegado el momento de pagar los compromisos —inversiones, rendimientos y comisiones—, los empresarios acuden a otra institución para vender el mismo modelo de emisión de deuda y refinanciarse. Por supuesto, el siguiente préstamo debe ser mayor", precisa en la investigación del diario español el periodista Zedryk Raziel.
¿Cómo funciona el esquema Ponzi?
La indagación de El País devela que al menos son seis -incluida Segalmex- las instituciones víctimas en la estafa a través del esquema Ponzi.
La carpeta de investigación e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal señalan que el mayor quebranto fue al Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte) con una inversión de 3 mil 900 millones de pesos.
Datos recuperados por el periodista Raziel también indican que:
- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) invirtió 610 millones de pesos en bonos basura de Corafi/Escorfin
- El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) pagó 302 millones
- La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha invertido 213 millones en el esquema Ponzi
- La Fiscalía General de Aguascalientes pagó 66 millones en la compra de bonos basura.
El caso de Segalmex es de especial relevancia ya que -menciona El País- en esta dependencia se dio el primer indicio del fraude.
Y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la tienda de abasto social había pagado 950 millones de pesos en 2019 y 2020 para adquirir bonos (certificados bursátiles fiduciarios privados) expedidos por CI Casa de Bolsa en representación de Financiera Corafi.
Las investigaciones de Hacienda -citadas por El País- apuntan también a una responsabilidad de los bancos por actuar como intermediarios bursátiles para comerciar el tipo de bonos que ofertaron Dávila y Guzmán a las instituciones públicas.