Este martes se lleva a cabo la audiencia de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UDG) Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta, detenidos en Jalisco en un contexto de protesta social.
Ello luego de que la Fiscalía de Justicia de Jalisco les dictara prisión preventiva oficiosa tras una acusación de despojo con violencia por haber ingresado a un predio que el Ayuntamiento de Guadalajara vendió a privados para hacer un conjunto habitacional.
Los jóvenes protestaron porque el predio en cuestión era propiedad del ayuntamiento de Guadalajara y se pretendía construir en él un parque, pero fue vendido a particulares en 2008.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció en su cuenta de Twitter que la dependencia a su cargo estará atenta al caso y exhortó al Poder Judicial (estatal) "a juzgar con perspectiva de derechos humanos".
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Enrique Alfaro 'se lava las manos'
Ante el reclamo de varios actores políticos por este caso, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro argumentó que los estudiantes no fueron detenidos por protestar, sino que las autoridades actuaron por la denuncia de un predio particular, y señaló que el gobernador no debía entrometerse en un conflicto entre particulares ni involucrarse en conflictos que competen a otros poderes, el Judicial, en este caso.
"Yo no he opinado ni he expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021 (...)
"Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso", declaró Enrique Alfaro mediante un video que subió a su cuenta de Twitter.
Alfaro aseguró que su gobierno nunca ha detenido a ninguna persona por manifestarse.
Señaló además que fue en 2008 que el Municipio vendió el terreno, durante la administración de Alfonso Petersen, entonces por el PAN.
"Los dueños están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio invadieron el terreno ilegalmente", declaró el gobernador.
No obstante, exhortó para que exista una vía por la que los jóvenes estudiantes de la UDG puedan seguir su proceso fuera de la cárcel y evitar que el conflicto escale.