Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero en 2014 cuando se dio la desaparición de 43 normalistas en Iguala, anunció que denunciará penalmente al aún titular de la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien dejará el cargo este viernes por desvío.
La denuncia penal será por ocultamiento y mal manejo de la indagatoria, así como una demanda por daño a su persona.
El pasado 25 de septiembre, medios como Proceso y El País dieron a conocer que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión emitidas por el caso Ayotzinapa, sin consultar a Gómez Trejo. Se señaló que el mismo juez que concedió las órdenes accedió a la petición de la FGR para dejarlas sin efecto.
"Yo advierto un obrar doloso, un desaseo, Gómez Trejo, él manipuló información que debió resguardar. Fue un títere del crimen organizado", acusó Iñaki.
La orden de aprehensión en contra del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, fue una de las que pidió cancelar la FGR.
"Yo cuestionaría el actuar del hoy extitular de la Unidad Especializada para la Investigación y litigación del caso (...) Hasta donde tengo conocimiento existen discrepancias entre lo que se acentuó en el informe (de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa) y las solicitudes de órdenes de aprehensión que se formularon a un juez de distrito, entre las cuales se encuentra tu servidor", afirmó Iñaki Blanco.
El exfiscal de Guerrero explicó que, de acuerdo con los trascendidos a los que ha tenido acceso, el informe se sustenta en el testimonio de un testigo colaborador identificado como "Juan", quien es, dice el exfiscal, Gildardo López Astudillo, "El Gil", lugarteniente de Guerreros Unidos, señalado como uno de los principales responsables del crimen en contra de los normalistas en 2014.
Iñaki Blanco sostuvo que logró establecer la responsabilidad de al menos 22 elementos de la policía municipal, dentro de los cuales estaban personas integrantes del grupo al que Alejandro Encinas también atribuyó una responsabilidad importante.
El juez segundo de distrito en procesos penales federales con sede en el Estado de México giró a mediados de septiembre una orden de aprehensión en contra del exfiscal de Guerrero cuando se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Iñaki Blanco Cabrera, señalado por delincuencia organizada en relación con el caso, reportó el periodista de Grupo Fórmula Juan Antonio Jiménez.
También se giraron órdenes de aprehensión contra 6 exfuncionarios más del gobierno de Guerrero.
De acuerdo con Juan Antonio Jiménez, también se giraron sendas órdenes contra Leonardo Octavio Vázquez, entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero por el mismo delito; así como contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Lambertina Galeana, investigada por obstrucción en la administración de justicia y desaparición forzada.
Las órdenes también incluyeron a Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbide, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del Tribunal respectivamente, también acusados por haber borrado la información.
También el exjefe de la policía de Cocula César Nava González por delincuencia organizada y desaparición forzada y Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía de Iguala, por delincuencia organizada.
El pasado 22 de septiembre, madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en conjunto con otros activistas realizaron un mitin frente a las oficinas de la FGR para pedir diálogo con las autoridades con el objetivo de conocer el estado de las órdenes de aprehensión relativas al caso. Los esperaban policías de la Ciudad de México. Los manifestantes no tuvieron la oportunidad de entablar el diálogo con ningún representantes de la Fiscalía. Y, al final, se suscitó un enfrentamiento.
El lunes, en la manifestación por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, padres y madres confirmaron la suspensión de 21 de las 83 órdenes de aprehensión, de las cuales al menos 5 contemplaban a militares a quienes también se les acusa de haber participado en el crimen contra los estudiantes.