El tiempo de atención a migrantes que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado en México ha derivado en múltiples protestas, especialmente en el sur del país.
Apenas este jueves se formó en Tapachula, Chiapas, una nueva caravana con aproximadamente 200 personas, es la quinta en lo que va del año y que tienen gente originaria de países como Haití, Guatemala, El Salvador, Cuba, entre otros.
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Apenas unas horas antes se había formado otra caravana y que fue disuelta por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) acompañados de agentes de la Guardia Nacional, esto tras llegar a acuerdos para revisar su situación en el país.
En otros casos estos contingentes han tenido choques con agentes de seguridad mexicanos que les impiden el tránsito hacia el norte del país.
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Diana de León, abogada especialista en niñez del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con oficinas en Tapachula, explicó en entrevista con Grupo Fórmula motivos que llevan a que los migrantes acusen que no se les atiende o que hay una lentitud en sus procesos.
Por una parte, señaló que en marzo de 2020 se emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que con motivo de la pandemia por COVID-19 se suspendieron plazos para resolver procedimientos iniciados ante la comisión en esa fechas.
Esto se reflejó, dijo, en que antes las personas migrantes recibían una constancia de procedimiento con un plazo establecido para avanzar en sus solicitudes, pero a partir de dicho acuerdo la fecha se volvió indefinida.
El acuerdo se ha extendido y esto llevó a que procesos que antes podían tardar desde unos días hasta 6 meses, ahora toman un año o poco más. A la vez, retrasó el avance de nuevas solicitudes de la condición de refugiado.
“Hay personas que iniciaron su procedimiento en el 2020, tardaron más de 1 año para que les dieran respuesta y fue negativa, ahorita van a esperar más tiempo por la apelación de esa negativa”, compartió.
Esto, comentó, hace que los migrantes se queden más tiempo en la ciudad donde no siempre encuentran oportunidades de trabajo y necesitan conseguir dinero para costear por ejemplo, la renta de un cuarto o habitación para ellos y sus familias.
Por otro lado indicó que hay un aumento en el número de solicitudes que se presentan ante las oficinas de Comar.
De acuerdo con datos de la propia comisión, de enero a marzo del 2022 sumaron 29 mil 574 solicitudes de la condición de refugiado.
Durante el mismo periodo de tiempo del 2021 esta cifra fue de 22 mil 546 solicitantes, mientras que para el primer trimestre del 2020 fue de apenas 17 mil 142.
Es decir, hablamos que del primer trimestre del 2020 al mismo periodo de este año, el aumento fue de un 72 por ciento.
Además la mayor parte de estas solicitudes se han presentado en Tapachula; en lo que va del año 6 de cada 10 solicitudes provienen de esa ciudad.
La abogada señaló que aunado a estos motivos se percibe una falta de “intención”, tanto en la capacidad de brindar información oportuna y eficaz a estos grupos migrantes, así como para atender con eficacia las solicitudes.
“Son procedimientos muy tardados, en que las personas se encuentran en un limbo de no saber si les van a llamar, si su entrevista será personal o telefónica”, explicó.
Actos de corrupción y riesgos de seguridad para migrantes
La falta de una pronta respuesta a los solicitantes de la condición de refugiado en México y que les impide dejar el estado hasta tener una resolución ha llevado a actos de corrupción como pagar para agilizar trámites y documentación, incluso son situaciones que ocurren desde funcionarios del INM.
Así acusó el director de Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien ha sido defensor de los derechos humanos de personas migrantes en México y representante ante autoridades de estos grupos.
Comentó que los pagos por estos trámites van de los 1 mil 500 a 7 mil dólares o 30 mil a casi 150 mil pesos; dijo que aunque esto se ha hecho público, no se ha avanzado en combatirlo.
“Se ha hablado, tiene mucho tiempo. AMLO había dicho que iba a reestructurar o depurar el INM. Hay muchísimo dinero en esta situación y ellos pueden fácilmente seguirlo y averiguar qué personas están involucradas”, señaló.
En diciembre pasado Irineo Mujica participó en una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Ciudad de México y organizaciones internacionales donde se acordó instalar mesas permanentes para revisar mejoras regulatorias para migrantes.
Sin embargo, el activista comentó que se realizó una y luego fueron aplazadas con el argumento de la pandemia. “Hemos tratado de que se sigan las mesas de diálogo, pero no se han podido continuar”, afirmó.
Mujica señaló que hay varias preocupaciones en torno a que siga el aumento del flujo migratoria, sin que se resuelvan con prontitud sus casos, pues además de que la gente siga hacinada o duerme en las calles de Tapachula, se enfrentan a otros peligros.
Estos van desde buscar rutas o medios para salir del estado y que pongan en peligro sus vidas, como pagar para irse escondidos en camiones o un tráiler y que sufran accidentes en el camino o que se expongan a ser secuestrados por grupos criminales interesados en quedarse con el dinero por su rescate.
Desde el gobierno federal se ha planteado atacar causas de la migración a través de replicar en Centroamérica el programa Sembrando Vida que apoya a personas con la siembra de árboles y a la vez se busca generar una fuente de ingresos.
Sin embargo, Irineo Mujica consideró que este no ha tenido el impacto esperado, pues esto se refleja en el ingreso de más migrantes al país.
“Estamos viendo que la migración sigue en aumento, hay una verdadera crisis humanitaria, incluso en México por el número de migrantes que salen del país”, reflexionó.