Las autoridades mexicanas no cuentan con los mecanismos necesarios para ayudar a los 3 mil desplazados de las 18 comunidades de Jerez, municipio de Zacatecas, o de las víctimas del resto del país, de acuerdo con la coordinadora del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Brenda Pérez. Esta información forma parte de la investigación especial Los "fantasmas" de Jerez: Las casas y vidas que arrebató el narco.
Esto se debe a que no hay un instrumento específico o especializado que determine con claridad cuales son las funciones y atribuciones de los servidores públicos para proteger a los desplazados.
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“Al no existir un instrumento específico o especializado que determine con claridad cuáles son estas competencias, estas responsabilidades, de qué autoridades, cuál es el presupuesto, es difícil hacer que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno puedan reaccionar o actuar porque no hay un mandato en específico”, señaló en entrevista con Grupo Fórmula.
La especialista explicó que por un lado hay instrumentos vigentes, legales y viables que permiten que las autoridades ayuden a los desplazados, pero no son suficientes. Uno es la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que contempla la protección de las víctimas mediante medidas de asistencia y atención.
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La iniciativa con proyecto de decreto de ley fue aprobada el 19 de septiembre de 2020 por la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República, pero los legisladores han pospuesto su discusión desde entonces. El pasado 2 de marzo se iba a realizar una reunión para analizar el dictamen, no obstante la cancelaron días antes a través de un comunicado.
En el documento aclararon que la razón por la que la pospusieron fue por la necesidad de crear un espacio de diálogo para que el Senado logre un consenso plural con la sociedad civil.
A pesar de que existen estos instrumentos es necesario la aprobación de la Ley General en Materia de Desplazamiento Interno a nivel federal y las estatales, afirmó. Así como las que se aprobaron en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, aunque aún no están operando porque les falta un reglamento.
“Cuando no tienes las herramientas, también toca y es responsabilidad de las autoridades de gobierno contar con marcos normativos que protejan y garanticen los derechos de las personas desplazadas”, afirmó.
Asimismo, agregó que los desplazados deberían estar en el Registro Nacional de Víctimas. Por ello, los tres niveles de gobierno están obligados a crear políticas nacionales, leyes, programas, protocolos, mecanismos y cualquier instrumento que necesario para solucionar la problemática.
Escoltar a desplazados para que recojan sus cosas no es suficiente
Entre las acciones que el gobierno de Zacatecas ha realizado está el acompañamiento que las fuerzas de seguridad proporcionaron a los desplazados en octubre de 2021 y febrero de 2022 para que regresaran a sus comunidades y se llevaran las cosas que el narco no se robó de sus casas.
Sin embargo, la especialista dijo que eso no quiere decir que existan las condiciones de seguridad necesarias para que regresen y que no vuelvan a sufrir una situación de desplazamiento.
Además, Brenda Pérez subrayó que la seguridad debe estar acompañada por otro tipo de acciones, como crear albergues para desplazados o acondicionar instalaciones para que las víctimas puedan permanecer mientras se resuelve la situación en la que se encuentran.
Aunque tampoco es suficiente porque hay desplazados que no sólo se quedaron sin hogar, sino que perdieron su principal fuente de ingresos. Principalmente aquellos que vivían en zonas rurales y tenían cosechas, como sucedió con la mayoría de los habitantes de las 18 comunidades de desplazados de Jerez.
“Las personas salen, se desplazan, creen que es una situación que se da en un determinado momento y que será para disminuir los riesgos que esa situación generó. Una o dos semanas, quizás un mes, pero por supuesto habrá muchísimos casos donde las personas nunca pudieron regresar”, agregó.
La Comisión establece que el desplazamiento persiste hasta que las víctimas alcanzan una solución duradera, es decir, que dejan de tener vulnerabilidades y necesidades de atención vinculadas a la situación en la que se encuentran.
Por ello, retornar a su lugar de origen o reasentarse en otra parte del país no es suficiente para poner fin a la vulnerabilidad de los desplazados.
Brenda Pérez sostuvo que los tres niveles de gobierno están obligados a minimizar los efectos adversos que el desplazamiento generó mediante el análisis de la situación de riesgo en la que se encuentra, de sus necesidades y de asistencia humanitaria. Aunado a ello, debe proporcionarle medidas de atención para recuperar sus derechos fundamentales.
Lo que incluye la reparación de los daños ocasionados por todas estas violaciones a los derechos humanos que afectaron la vida de los desplazados.
Te invitamos a leer el reportaje completo Los "fantasmas" de Jerez: Las casas y las vidas que arrebató el narco en nuestro micrositio que puedes encontrar aquí.