Alfonso Cóyotl es uno de los intérpretes traductores de lenguas indígenas en México que se ha movilizado para pedir el pago de adeudos pendientes por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La última movilización ocurrió afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México. Ahí se abrió un diálogo con autoridades para revisar sus peticiones.
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Son integrantes de la Organización de Traductores, Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli) que apoyan a víctimas o imputados en procesos judiciales que se realizan en español.
Y es que de acuerdo con el artículo 2° de la Constitución, las personas que integran comunidades indígenas -más de 6.6 millones en México- tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, ello con el fin de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
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Entre los integrantes de Otigli acusan adeudos por trabajos que realizaron entre el 2018 y el 2020; en total sumarían aproximadamente 400 mil pesos de acuerdo con Fausto de Jesús González, presidente de esta organización.
Para el caso de Alfonso, abogado de 70 años que ejerce como intérprete traductor de una de las variantes de la lengua náhuatl que se hablan en Puebla, el dinero que recibe por este trabajo representa un sustento extra a la pensión mensual que recibe como jubilado.
Nació en San Antonio Cacalotepec, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. A los 7 años salió de esa localidad y llegó a una nueva comunidad donde no hablaban náhuatl. Cuando entró a la escuela, a los 13 años, tuvo que aprender español.
Años después llegó a la Ciudad de México donde cuidó a una persona que estaba enferma, al tiempo que siguió sus estudios y después se graduó de la licenciatura en Derecho en la UNAM. Durante su trayectoria profesional trabajó en oficinas del gobierno capitalino.
Gracias a los conocimientos que adquirió como abogado, en su trabajo y su lengua materna, ejerce desde hace aproximadamente 10 años como intérprete traductor de lenguas indígenas en Otigli, organización cuyos integrantes trabajan con el CJF y otras instancias locales en la Ciudad de México.
Alfonso aseguró que su adeudo que concierne a interpretación de audiencias es por 8 meses de trabajo por parte del CJF; también dijo que en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) le deben también 5 meses de trabajo que corresponden a fechas del 2021 y del 2022.
"Dicen (las autoridades) que no hay presupuesto, ni dinero, pero nosotros ya trabajamos. Ahora lo único que pedimos de buena fe es que se nos pague", señaló.
Su pensión mensual es de 4 mil pesos, por lo que el ingreso extra que recibe de este trabajo le sirve para solventar diferentes gastos que van desde la alimentación a cuentas por servicios de luz, agua o de teléfono.
Impacto en procesos judiciales por adeudos
El presidente de Otigli, Fausto de Jesús González, explicó en entrevista con Grupo Fórmula que además de los adeudos por parte del CJF, desde hace aproximadamente 2 años no reciben nuevas solicitudes de intérpretes.
Aseguró que desde 2005 tienen un convenio de trabajo con este órgano, por lo que piden certidumbre en la continuación de este; además, consideró que la falta de intérpretes por parte de esta y otras organizaciones puede impactar en audiencias de personas de comunidades indígenas.
“Creemos que queda un vacío jurídico para los que son imputados o víctimas, porque a partir del 20 no nos solicitan intérpretes, creemos que no se les cumple el debido proceso”, señaló.
Otra de las peticiones que tienen es que, dijo, se les notificó que querían pagarles por hora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no de acuerdo con el salario mínimo como antes lo hacían, cuestión con la que están en desacuerdo pues aseveró que no se les consultó.
Fausto señaló que también hay adeudos por parte del PJCDMX y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); en el primer caso revisaron en el área de atención ciudadana y derechos humanos, pero les comentaron que están viendo lo del pago, señaló Fausto.
En la caso de la Fiscalía, son pagos que les deben de 2015 a 2019 de acuerdo con el representante de Otigli, por lo que dijo que al consultarlo en oficinas les comentaron que eso correspondía a otras personas pues se dio con la entonces Procuraduría capitalina.
“Sabemos que no se trata de personas, sino de instancias con quienes hay convenios de trabajo”, señaló.
Por ahora hay intérpretes traductores que aún trabajan con instancias locales; algunos lo hacen pese a que tienen adeudos, y hay quienes han preferido declinar en las solicitudes pues temen que no les paguen.
Alfonso Cóyotl dijo que esto deja en la “indefensión” a imputados o víctimas de comunidades indígenas, pues en ocasiones les preguntan a estas personas si saben español, responden que sí y confunden términos jurídicos en sus audiencias o declaraciones.
En espera de respuesta por adeudos en audiencias en lenguas indígenas
En marzo del 2022, decenas de integrantes de Otigli protestaron afuera de la SCJN en la Ciudad de México; un año atrás se movilizaron también afuera de Palacio Nacional.
En esta última ocasión, la del 2022, entablaron un diálogo con César Campa, director general de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo.
Será hasta principios de mayo cuando les den una respuesta; en tanto que el presidente de Otigli no descartó seguir con nuevas acciones o movilizaciones si no hay respuesta favorable para los pagos por parte del CJF.
Este medio solicitó un posicionamiento del PJCDMX y la Fiscalía de la CDMX sobre los pagos pendientes que señalan los intérpretes de lenguas indígenas de Otigli, sin que aún se tenga respuesta.