El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que sean las instituciones financieras y no la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quienes estén obligadas a notificar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias cuando haya indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con 266 votos a favor y 219 en contra por parte del PRI, PAN, PRD y MC, se aprobó la reforma que permite a la UIF bloquear cuentas sin necesidad de notificar a los afectados.
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La aprobación se dio luego de un acalorado debate en el que la oposición exigió a Morena investigar a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a otros de sus familiares señalados por casos de corrupción.
Cabe destacar que dicha reforma fue propuesta por el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y tardó más de dos años en ser aprobada, pero finalmente este martes pasará al ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
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Con esta modificación, los diputados quitaron a la UIF la obligación de notificar por escrito los fundamentos o causas de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, al considerar que no cuenta con estas facultades, por lo que le corresponde hacerlo a la institución crediticia.
Modificación abre la puerta a la persecusión
Durante la discusión, la oposición consideró que la modificación viola los principios de seguridad jurídica y garantía de audiencia, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
La panista Patricia Terrazas consideró que la reforma se aprobaba, sin que existiera congruencia entre el Gobierno y Morena, pues “el buen juez por su casa empieza, tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia, de José Ramón, de Martín, de Pío, de su prima Felipa y de sus colaboradores cercanos”, aseveró.
"La UIF no puede, ni debe ser policía, ni contar con atribuciones que por mandato constitucional sólo le corresponden al Ministerio Público", reprochó.
Por su parte, Marcelino Castañeda, del PRD, aseguró que en la actual administración la UIF se ha utilizado como un aparato represor e intimidatorio por parte del Ejecutivo federal que utiliza “el más mínimo dato de los opositores”.
Asimismo, señaló que el dictamen lleva “dedicatoria”, lo que consideró de gravedad, pues se busca acallar a aquellos que hacen investigaciones periodísticas.
"Ahora quieren venir a darle otra arma: Institucionalizar la intimidación mediante la posibilidad de congelar cuentas", sostuvo.
A su vez, el diputado priista, José Yunes, señaló que la reforma estrecha libertades y vulnera derechos, pues le otorga facultades a la UIF para bloquear cuentas y posesiones sin que medie mandato judicial.
"Un acto administrativo que lesiona los principios constitucionales de garantía de audiencia y de seguridad jurídica, Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus posesiones, de su libertad si no media juicio en primer lugar, desarrollado en tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y con leyes votadas y en vigor con antelación", puntualizó.
Además, advirtió que con la aprobación de esta reforma se incurre en una regresión histórica y se abre la puerta a la persecución.