El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un llamado al Congreso de Guerrero para que retome la discusión sobre la iniciativa para aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en la entidad. Esto se debe niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad para gestar están expuestas a "procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida"; pues la penalización del aborto no evita su práctica.
Además, se vulneran sus derechos sexuales y reproductivos; así como el derecho a decidir sobre su cuerpo. El decreto fue presentado durante la sesión ordinaria del pasado 12 de enero por las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga. Sin embargo, el Congreso se encuentra en receso hasta el 28 de febrero.
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La iniciativa pretende modificar diversas disposiciones del Código Penal de la entidad. Asimismo, contempla algunas recomendaciones de tratados internacionales y las resoluciones de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) que prohíben la criminalización del aborto y del derecho a decidir.
A través de un comunicado, la institución señaló que diversos organismos internacionales le pidieron al Estado mexicano armonizar su marco jurídico a nivel nacional y estatal; en apego a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que las autoridades se han comprometido.
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Inmujeres consideró que la iniciativa de reforma contiene elementos para cumplir con las recomendaciones que le hicieron a Guerrero al emitir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado. Esto se debe a que la entidad es de las pocas en las que niñas, adolescentes o mujeres víctimas de violación aún deben obtener autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo.
Por ello, el dictamen establece que serán excluyentes de responsabilidad penal quienes practiquen aborto por violación, inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteración genética y de forma espontánea o accidental. También contempla castigar penalmente a aquellas personas que realicen una interrupción del embarazo forzada.
La dependencia federal espera que el Congreso de Guerrero apruebe la iniciativa y reiteró su compromiso para trabajar con los 3 poderes del estado para que mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos; accedan a servicios de salud integrales y de calidad; para que tengan bienestar y mejores condiciones de vida.