El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el lunes una ley que permite a las autoridades estatales arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, otorgando a los agentes locales poderes que desde hace tiempo han sido delegados al gobierno de Estados Unidos, en una medida que probablemente desencadenará desafíos legales.
La ley, conocida como SB 4, entrará en vigor en marzo y creará un nuevo delito estatal para la entrada o reingreso ilegal a Texas, con penas que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. Los magistrados de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con sentencias de hasta 20 años para aquellos que se nieguen a cumplir.
Los inmigrantes que cruzan ilegalmente ya pueden ser acusados ??de entrada o reingreso ilegal según las leyes federales, pero Abbott ha criticado duramente al presidente estadounidense Joe Biden por no hacerlas cumplir.
"La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte", afirmó Abbott dijo durante una conferencia de prensa frente a un tramo del muro fronterizo financiado por el estado en Brownsville, Texas.
Te podría interesar
Abbott también firmó un proyecto de ley que dedicaría 1.500 millones de dólares a la construcción del muro fronterizo y otras operaciones, financiación que se suma a los 5.000 millones de dólares en fondos estatales ya asignados para el control fronterizo. A finales de noviembre, el gobernador republicano promulgó una medida para aumentar las penas por el tráfico de personas.
Se ha sorprendido a un número récord de migrantes cruzando la frontera entre Estados Unidos y México desde que Biden, un demócrata, asumió el cargo en 2021. Abbott y otros republicanos culpan a Biden, que busca la reelección en 2024, de hacer retroceder las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump, el principal candidato a la nominación del Partido Republicano.
En el Congreso de Estados Unidos, los republicanos han dicho que no aprobarán un paquete de ayuda exterior que incluya financiación militar para Ucrania e Israel a menos que incluya nuevas y estrictas disposiciones de seguridad fronteriza de Estados Unidos, dejando la ayuda se estancó mientras un grupo de senadores intenta encontrar un compromiso.
Más de la mitad de los 5,8 millones arrestos de migrantes durante el gobierno de Biden tuvieron lugar en Texas y el vecino Nuevo México, lo que en ocasiones puso a prueba los recursos de las autoridades fronterizas. Ciudades.
Texas ha experimentado con una variedad de medidas para disuadir a las personas que cruzan ilegalmente bajo su Operación Lone Star, incluido el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y el bloqueo de migrantes con alambre de concertina sobre un tramo del Río Grande.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó a principios de este mes que Texas debe eliminar la barrera flotante, aunque Texas está buscando una revisión por parte del tribunal en pleno.
En la acción más destacada del estado, ha trasladado en autobús a miles de inmigrantes a ciudades controladas por los demócratas más al norte para aliviar la tensión en sus ciudades fronterizas y presionar a los demócratas.
Aun así, los migrantes han seguido cruzando.
Oni Blair, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas, amenazó con demandar por la SB 4, diciendo que "anula la ley federal de inmigración" y "fomenta la discriminación racial".
En 2012, la Corte Suprema anuló partes clave de una ley similar de Arizona, incluida una disposición que permitía a los funcionarios estatales arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.
El resolución de 2012 decía que la disposición entraba en conflicto con la ley federal, que tenía prioridad, y que el sistema de inmigración de los Estados Unidos establecido por el Congreso en general no autorizó a los funcionarios estatales a realizar arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.