En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado cada 30 de agosto, madres buscadoras y familiares de desaparecidos salieron a las calles de La Paz para visibilizar la problemática que existe con este delito que, conforme pasan los años se agudiza en Baja California Sur.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de enero de 2018 a la fecha se reportan 584 personas desaparecidas y no localizadas en Baja California Sur. Colectivos de búsqueda en esta entidad registran más de mil fichas de búsqueda.
Madres buscadoras informaron que este año han localizado 35 osamentas humanas en fosas clandestinas en La Paz y Los Cabos, los hallazgos son cada vez más frecuentes, sin embargo, la investigación para dar con el paradero de responsables de este delito es nulo.
Colectivos de búsqueda denuncian: Violaciones a los Derechos Humanos, negligencia en investigación, falta de transparencia, retrasos injustificados en investigaciones, inacción ante nuevas evidencias, desatención a las víctimas, desconocimiento de protocolos Internacionales, entre otras omisiones de la autoridad.
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“La búsqueda de la justicia y la verdad es una responsabilidad compartida que no debe ser tomada a la ligera. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva es un día más de sufrimiento para las familias de las víctimas y una mancha en el compromiso de nuestro estado con los derechos humanos”, dijo Iris Manríquez.
Exigen la destitución del Fiscal
Colectivos de búsqueda exigen la destitución del Fiscal Especializado para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados, Licenciado Jorge Omar Arvizu Burquez y Agentes del Ministerio Público a su mando.
Familiares señalan que su desempeño no solo ha sido ineficiente, sino que ha incurrido en múltiples violaciones a los derechos humanos, omisiones flagrantes y una evidente falta de conocimiento en la materia.
Explicaron que esta situación ha generado un impacto negativo significativo en las investigaciones, en atención a las víctimas y sus familias, así como en los anteriores y reciente hallazgo de fosas clandestinas en La Paz y Los Cabos.
Iris Manríquez, representante de colectivos de búsqueda en Baja California Sur, informó que han notado una omisión notable en el seguimiento adecuado y oportuno de las líneas de investigación por parte del fiscal y personal a su mando.
“La omisión se traduce en retrasos significativos en el avance de los casos y, en algunos casos, en la pérdida de evidencias cruciales”, explicó a través de un pronunciamiento.
Además, señalan que no se realiza la toma de declaraciones o entrevistas a testigos clave de manera oportuna, comprometiendo seriamente la integridad de las investigaciones y esta falta de diligencia no solo obstaculiza la justicia, sino que también prolonga el sufrimiento de las familias que buscan respuestas.