El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir a los padres de familia o tutores utilizar castigos corporales o físicos y humillantes a niños y adolescentes como medida disciplinaria.
Esto significa que los menores no podrán recibir “golpes con la mano o con algún objeto –incluidos las 'nalgadas' y 'chanclazos’-- , empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, ni ser obligados a sostener posturas incómodas”.
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Además, se considerará como castigo corporal o físico todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física o cualquier otro que tenga como objeto causar dolor o malestar, “aunque sea leve”.
La iniciativa, promovida por la diputada de Morena, Guadalupe Morales Rubio; fue aprobada por unanimidad de los 43 legisladores presentes en el pleno y establece la obligación de las autoridades de promover y difundir medidas de disciplina adecuadas.
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Durante la argumentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Polimnia Sierra Bárcena, destacó que en México seis de cada 10 menores reciben castigos corporales y humillantes en sus hogares como forma de crianza.
A la par, informó que en 2020 más de 11 mil niños ingresaron a hospitales debido a lesiones ocurridas en casa y provocadas por familiares; mientras que en 2021 mil 900 niñas y niños fueron asesinados.
“Las niñas y los niños maltratados, abandonados, tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos y compañeros de escuela, lo que años después deriva en violencia hacia la novia, la esposa, la pareja, etcétera”, explicó.
Asimismo, añadió que existe un mayor grado de probabilidad de que los menores maltratados desarrollen comportamientos antisociales y trastornos de identidad, así como dificultad para localizar medios alternativos a la solución de conflictos por la vía pacífica.
Polimnia Sierra subrayó que la modificación no pretende criminalizar a madres, padres o tutores, sino hacer explícita la obligación de las autoridades para tomar las medidas necesarias para prevenir, atender e investigar estos castigos, para lo cual requerirán la generación de estrategias y acciones puntuales.
Como resultado de la modificación, será responsabilidad de las autoridades tomar medidas para prevenir, atender, investigar, perseguir y sancionar el castigo corporal y humillante.