Con el objetivo de asegurar que las mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios y sus hijos cuenten con instalaciones adecuadas y un catálogo mínimo de artículos necesarios, se presentó una iniciativa que adiciona la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora.
La propuesta tiene como fin proteger el interés superior de la niñez, según lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante la adición de un artículo 4 bis a la norma estatal, relativo a los derechos de las mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios: a maternidad y lactancia; a recibir trato directo de personal penitenciario femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro.
Otros aspectos que plantea la iniciativa para las reclusas incluyen la posibilidad de solicitar atención médica por parte de personal médico femenino; contar con instalaciones adecuadas y artículos necesarios para una estancia digna y segura, como productos de higiene personal; establece que tendrán derecho a recibir atención y valoración médica exhaustiva al ingreso del centro penitenciario, así como alimentación saludable para sus hijos e hijas, quienes podrán recibir educación inicial y vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo.
La atención médica pediátrica también se incluye en la propuesta, cuando los menores permanezcan con sus madres en reclusión, y podrán acceder a medios que les permitan adoptar disposiciones respecto a su cuidado, así como a criterios para garantizar su ingreso y espacios suficientes para su desarrollo integral y esparcimiento.
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