Para garantizar y fortalecer la seguridad jurídica de las y los sonorenses, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena proponen implementar estrategias y soluciones que incrementen la calidad de los servicios, agilicen los procesos, mejoren la capacidad de la institución y eleven la productividad de las personas servidoras públicas de la Defensoría.
A nombre de las y los legisladores morenistas, la diputada María Jesús Castro Urquijo, dio lectura a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría Pública, misma que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio.
Expuso que la reforma considera una serie de aspectos fundamentales para fortalecer la Defensoría Pública, como cambios organizativos que implican la reorientación y reestructuración de la institución, así como el fortalecimiento tanto del personal como de los programas de capacitación y difusión.
“El objetivo es mejorar y optimizar el funcionamiento de la Defensoría Pública, para brindar un servicio de calidad a quienes requieren asistencia legal apegándose al principio de innovación establecido en la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Sonora, buscando diseñar, desarrollar e implementar estrategias y soluciones innovadoras que incrementen la calidad de los servicios, agilicen los procesos, mejoren la capacidad de la institución y eleven la productividad de las personas servidoras públicas de la Defensoría”, resaltó.
Castro Urquijo mencionó que se busca fortalecer el adecuado desempeño de la institución, así como definir de manera clara y precisa las atribuciones, funciones, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades tanto de los Defensores Públicos como del resto de los servidores públicos, a fin de garantizar un marco normativo sólido que regule el ejercicio de sus labores y promueva la excelencia en el desempeño de sus funciones.
Para lograr una organización y protección con mayor eficiencia, resaltó la legisladora de Morena, el defensor público deberá elaborar y suscribir convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios para la consecución de los fines de la Defensoría; diseñar e implementar sistemas de formación, capacitación y actualización dirigidos al personal; proponer ante el Poder Ejecutivo del Estado el nombramiento del personal encargado de las diferentes áreas de la Defensoría Pública; capacitar de manera permanente en materia de lenguaje de señas y el sistema de lectoescritura Braille; entre otros.