En honor y en memoria de las y los policías caídos en ejercicio de sus funciones y para prevenir la impunidad de los asesinatos contra agentes de las distintas corporaciones, la diputada Natalia Rivera a nombre de la Bancada Naranja propuso reformas para que estos delitos no caduquen y se castiguen con prisión hasta con 60 años.
La legisladora hermosillense, a nombre de sus compañeros Jorge Russo, Ernesto de Lucas y Rosa Elena Trujillo, indicó que la iniciativa de reformas al Código Penal considera como homicidio calificado cuando sea cometido en contra de servidores públicos de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal o de ejecución de penas, durante el ejercicio lícito de sus funciones o con motivo de ellas, haciendo además este delito imprescriptible.
Lo anterior "No sólo combatirá la impunidad de los delitos cometidos contra las fuerzas del orden, sino que también enviará un mensaje claro de que el Estado protegerá a aquellos que arriesgan sus vidas para proteger y brindar justicia a los ciudadanos" dijo Rivera Grijalva.
Actualmente el homicidio de un policía se castiga como homicidio simple, con cárcel de 8 a 20 años; Sonora es la entidad número nueve en asesinatos de policías de acuerdo a datos de la organización Causa en Común.
Rivera Grijalva también recordó que según un estudio del Inegi, titulado "Policías Abatidos: El Riesgo de Servir a la Seguridad Pública en México", más de la mitad de los policías que fallecen actualmente por causas no naturales, mueren de una agresión.
A pesar de estos datos las leyes sonorenses se encuentran muy rezagadas en comparación a las de otras entidades, donde se castiga con prisión de hasta 70 años el homicidio de personal de seguridad y justicia, además de que puede perseguirse y sancionarse a los homicidas en cualquier momento, sin importar que hayan pasado años o décadas.
Natalia Rivera indicó que la propuesta de modificaciones a los artículos 100, 109 y 258 del Código Penal Sonorense, tiene el objetivo final de proteger a quienes protegen y llevan justicia a los ciudadanos, con mayores penas a los agresores y tiempo indefinido para poder llevarlos ante la justicia.
La iniciativa fue dedicada a los oficiales caídos en cumplimiento de su deber, y fue turnada a comisiones para análisis y aprobación.