El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y el secretario de la consejería jurídica del estado , Adolfo Salazar Razo, informaron que antes de ser publicada la modificación al artículo 167 del código penal del estado de Sonora también conocida como Ley Ingrid, está será revisada a profundidad para que no existan malas interpretaciones.
“La modificación generó algunas reacciones, porque supuestamente pretendía una censura a la libertad de expresión que surge de la Ley Ingrid que ya se hizo en el Estado de México, lo que pretende esta modificación es sancionar a los funcionarios públicos, no a los medios, ni madres buscadoras, que hagan uso indebido de los videos y audios que en cumplimiento de sus responsabilidad … para evitar interpretaciones que generan alguna preocupación vamos a generar una modificación de nuevo para hacer una precisión y que quede con toda claridad que no se trata de una prohibición a la libertad de expresión” resaltó el mandatario estatal.
Por su parte, Salazar Razo, explicó que esta modificación convive con otros marcos jurídicos que sustentan el derecho a la libertad de expresión como los art. 6 y 7 de la CPEUM y la Ley de Víctimas del Estado de Sonora, por lo que ni medios de comunicación ni los colectivos de madres buscadoras verán socavados sus derechos.
“De ninguna manera es coartar la libertad de expresión al decir que fuera de los supuestos autorizados por la Ley, los artículos 6 y 7 de la CPEUM, establece el marco en relación a la libertad de expresión y de ninguna manera se busca cortar el trabajo de búsqueda de justicia de las madres buscadoras, toda vez que hay una Ley que crea la Comisión de Víctimas de Personas y que conviven dentro de este marco jurídico”
El Consejero jurídico, resaltó un párrafo del texto de esta Ley establece “que al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley”, y puntualiza que es muy importante resaltar esta parte, debido a que es lo que está fuera de lo establecido por la Ley es lo que el código penal busca establecer como una sanción de carácter penal.
“Para aquellos funcionarios que son parte de la cadena de la integración de carpetas de investigación con el objetivo de la procuración de justicia, que se dan posteriormente filtraciones de imágenes, videos o audios que integran estas carpetas y que hacen públicas en redes o en internet” detalló.
Finalmente, Salazar Razo mencionó que se está trabajando nuevamente en el análisis de la iniciativa para que no existan dudas sobre el fin de esta modificación que es el no revictimizar a las víctimas y a sus familiares.
“Sin embargo, como bien comenta el gobernador, estamos en el análisis para poder remitir al Congreso las precisiones y las puntualizaciones, de tal suerte que no exista ninguna duda, y ninguna mala interpretación que tergiverse el sentido loable de esta iniciativa que busca que no se revictimice más a las víctimas” puntualizó.
Hasta el momento no hay antecedente en México de algún estado que haya sometido a análisis desde el gobierno o su Congreso la Ley Ingrid.