Rumbo al 2024

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Busca PVEM modificar las penas de deudores alimentarios

La diputada María del Rocío Corona Nakamura, presentó una propuesta de reforma al Artículo 336 del Código Penal Federal.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura, propone ajustar las penas a deudores de pensión alimenticia.Créditos: Especial, con imágenes de X-@RocioCoronaNkm
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Previo a que este lunes, miles de estudiantes en educación básica regresaran a las aulas equipados con uniformes y útiles escolares “que han significado una inversión importante de los tutores, especialmente en los bolsillos de muchas madres jefas de familia”, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, María del Rocío Corona Nakamura, propuso al Congreso hacer modificaciones a las penas de los deudores alimentarios.

Destacó que de acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el costo de este regreso a clases fue un 30 por ciento más caro respecto a años anteriores.

“Las y los padres gastaron un mínimo de 5 mil 200 pesos, que, según el INEGI, 67.5 por ciento de las madres solteras tienen que asumir por su cuenta”, aseguró

Por ello, la diputada federal del ecologista, presentó una propuesta de reforma al Artículo 336 del Código Penal Federal, “a fin de aplicar las penas vigentes a los padres que incumplen con la obligación de pagar una manutención para sus hijas e hijos”.

La política jalisciense recordó que “el Código establece una pena que va desde un mes, hasta los cinco años de prisión; de 180 a 360 días de multa; la privación de los derechos de familia y el pago, como reparación del daño, de la manutención no proporcionada por el padre ausente pues, actualmente, la Ley no contempla un límite determinado de tiempo para hacer valer la respectiva sanción”.

La propuesta

Corona Nakamura señaló que su planteamiento es que, pasados 60 días a partir de que un padre desatiende la obligación alimentaria con sus hijas e hijos, reciba la sanción que corresponda.

Finalmente, destacó que dichos cambios legislativos deben ser atendidos de forma urgente, “para garantizar la protección de los derechos de los niños”.