El Congreso de Quintana Roo, con 21 votos a favor y 3 en contra, aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad, incluyendo la implementación de la denominada “Ley Chaleco”, nueva disposición que obliga a los motociclistas a usar casco y chaleco con el número de placa estampado, la medida ha generado controversia entre este gremio, quienes consideran que no fueron consultados y que la ley tiene un fin meramente recaudatorio.
La “Ley Chaleco” establece que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, suministrará las estampas necesarias para que los conductores puedan rotular el número de placas en sus cascos y chalecos, este programa requerirá una inversión de más de 42 millones de pesos, los motociclistas deberán cumplir con esta normativa, afectando aproximadamente a 80 mil conductores en todo el estado.
Grupos organizados de motociclistas han mostrado su descontento con la nueva ley, señalando que no fueron consultados durante el proceso de aprobación, en respuesta, diversos colectivos han convocado manifestaciones en distintos puntos del estado, en Cancún, los grupo se reunirán en la Av. Kabah para iniciar una rodada a las 8 de la noche. En Chetumal, unos 150 motociclistas ya se manifestaron frente al Congreso del Estado.
Las diputadas Candy Ayuso (PRI), Cinthya Millán (PAN) y Julián Ricalde (sin partido) votaron en contra de la iniciativa, argumentando que algunas cuestiones aún no quedaban claras, no obstante, la mayoría de los diputados aprobó la reforma, que entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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La “Ley Chaleco” se ha intentado aplicar en otros estados de la república, donde los motociclistas han logrado ampararse para evitar su aplicación, representantes de los grupos de conductores en Quintana Roo han expresado que están en contacto con estas personas para recibir asesoramiento y evaluar acciones legales.
Mientras tanto, las modificaciones a la Ley de Movilidad también incluyen la regulación del servicio de mototaxi en las zonas insulares, permitiendo al Instituto de Movilidad proponer el número de unidades necesarias para operar en dichas áreas.