El Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. DE C.V., mejor conocida como "AGUAKAN". La acusación apunta a engaños perpetrados contra el juez Octavo de Distrito, recién nombrado Magistrado, Julio César Ortiz Mendoza, en relación con una demanda de amparo contra el decreto número 195 del 22 de diciembre de 2023.
La denuncia sostiene que AGUAKAN presentó la demanda de amparo con el propósito de impugnar el Decreto 195, aprobado por unanimidad en la XVII Legislatura del Estado. Este decreto abrogó la ampliación de la concesión de AGUAKAN hasta el 31 de diciembre de 2053, decisión respaldada por los resultados de una consulta ciudadana vinculante.
AGUAKAN ocultó al juez información crucial
El gobierno estatal argumentó que el actuar de AGUAKAN fue engañoso al ocultar al juez información crucial. Entre las omisiones, se destacan más de 20 oficios de CAPA señalando incumplimientos en los planes quinquenales, con diferencias de más de 4 mil millones de pesos en inversión.
Además, se señala la falta de inversiones, posibles daños ambientales y actos de corrupción que llevaron a la prórroga de la concesión por más de mil millones de pesos.
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Violaciones ambientales
El Director General de AGUAKAN, Paul Andrew Rangel Merkley, según la denuncia, ocultó información esencial al Juez, incluyendo procedimientos administrativos iniciados por violaciones ambientales. Se revela que Rangel Merkley conocía estos hechos y buscaba impedir que las autoridades de Quintana Roo investigaran los incumplimientos de la concesión.
Fuentes oficiales indican que en los próximos días, la Fiscalía General de la República podría judicializar el caso, marcando el inicio de investigaciones avanzadas sobre actos de corrupción que involucran a AGUAKAN y ex servidores públicos.
Finalmente, este escándalo podría representar un capítulo crucial en la relación entre AGUAKAN y las autoridades de Quintana Roo, desencadenando investigaciones más profundas y revelando la magnitud de posibles actos de corrupción en la obtención de la ampliación de la concesión en 2014.