La Ley de Aguas de Querétaro es una ley de Privatización, aseguró la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.
"Lo que regula únicamente es la prestación del servicio, la concesión del servicio y no, como tal, una verdadera ley que nos permita administrar este recurso natural", comenta Tere García Gasca, rectora de la UAQ Universidad Autónoma de Querétaro
La rectora recordó que la Máxima Casa de Estudios llevó a cabo una mesa de análisis para discutir las iniciativas propuestas del PRI y el PAN de “Ley de Aguas” y el 13 de mayo la legislatura realizó un foro para mejorar la legislación en temas del agua.
Sin embargo, manifestó que este foro no fue útil, porque no se escuchó a la ciudadanía, pues se aprobó la iniciativa de forma expedita y sin transparencia suficiente.
En ese sentido, García Gasca afirmó que de este foro se concluyó que esta iniciativa no correspondía a una “Ley de Aguas”, sino una ley para regular la prestación de servicios y entonces le nombraron las y los legisladores “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarrillado y saneamiento del estado de Querétaro”.
“Esta ley fue aprobada fast track y no transparente el 19 de mayo y fue publicada también de una forma muy extraña el sábado 21 de mayo y esta ley entrará en vigor el primero de junio del 2022”, afirmó.
La rectora lamentó que la Ley indique que uno de sus objetivos sea promover la participación ciudadana, cuando, dijo, lo que no se está dando es el involucramiento de la sociedad para analizar y proponer.
Además, recordó que el 23 de mayo el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental A.C. presentó una solicitud de veto de esta ley al gobernador.
“Pareciera ser que se trata de engañar y eso generar mucha molestia”, comentó.
El jueves 26 de mayo el Colectivo de CASCADAS convocó a una marcha comunitaria apartidista en defensa del agua y al mismo tiempo la universidad envío una carta al gobernador pidiéndole que se generen las condiciones para una discusión a fondo con participación ciudadana y transparencia, recordó.
Asimismo, García Gasca refirió que el viernes se realizó la marcha con participación de estudiantes y activistas, que fue pacífica y que se protegía para que no hubiera infiltración de grupos políticos o partidistas, misma en la que participó y en la que, dijo, no observó personas de algún partido político, sino hasta que llegaron a la Plaza de Armas del Centro Histórico.
“Es un reclamo ciudadano, legítimo que se organiza por parte de estudiantes y estuvo así organizada”, afirmó.
Comentó que hubo intentos de deslegitimar el movimiento estudiantil por parte de legisladores; también que hubo oportunismo apartidista por parte de MORENA al llegar a la plaza, cuando era un movimiento estudiantil; también lamentó la existencia de “desinformación de la Comisión Estatal de Aguas (CEA)”; e intentos de generar confrontación política con el gobernador por parte de comunicadores, lo cual negó, pues consideró que es este es un tema de interés de la ciudadanía y la comunidad.
La rectora refirió que el artículo 3º de la universidad (aprobado por el Congreso local) indica que la universidad está exenta de pagos y derechos estatales y municipales, de tal suerte que no la hace deudora del agua.
Sin embargo, la universidad, dijo, ha sido responsable, no solo con el uso y manejo del agua, también realizando investigaciones relacionados con este recurso hídrico, muchas de ellas solicitadas por la CEA; además de que la universidad está por sostener reuniones para preparar un proyecto en la materia.
“Es irresponsable por parte de la CEA salir y dar desinformación que cambia las cifra a cada rato; y la CEA es la que no tiene claro la cantidad de agua que existe en el estado”, afirmó.
Además, Teresa García Gasca afirmó que la universidad trabaja en la generación de una propuesta de Ley de Aguas integral, que aborde todas las aristas y se apruebe con celeridad.