El anteproyecto del Instituto Nacional Electoral (INE) difundido ayer que propone la asignación de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado tras las elecciones del 2 de junio ha generado un debate que no puede ignorarse. Según este documento que se discute hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE y el viernes se votará en su Consejo General, Morena y sus aliados, el PVEM y el PT, tendrán una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitirá aprobar reformas constitucionales sin necesidad de llegar a acuerdo alguno con la oposición representada por el PAN, PRI y MC. Este escenario ha sido festejado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ve como una justa representación de la voluntad popular. Sin embargo, la oposición ha protestado enérgicamente, argumentando que esta asignación constituye una sobrerrepresentación ilegal porque Morena, PT y PVEM obtuvieron el 54% de los votos en junio y tendrán el 73% de las diputaciones y el 65% de las senadurías.
De acuerdo con las proyecciones del INE, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 236 de Morena, 77 del PVEM, 51 del PT, 72 del PAN, 35 del PRI, 27 de MC, uno del PRD y un independiente. En el Senado, Morena tendría 60 legisladores, el PVEM 14, el PT 9, el PAN 22, el PRI 16, MC 5 y el PRD 2. Esta configuración inclina la balanza de manera abrumadora a favor del oficialismo, permitiéndole controlar gran parte de la agenda legislativa. Sin embargo, en el Senado, aunque Morena y sus aliados estarían cerca de lograr la mayoría calificada, aún necesitarían convencer a algunos legisladores opositores para aprobar reformas que requieren mayorías de dos terceras partes.
En este contexto, el Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, ha destacado que el proceso de asignación se ha realizado con estricto apego a la legalidad y los mandatos constitucionales, y que su voto se ha guiado por consideraciones técnicas y jurídicas, no por presiones políticas.
No obstante, es importante no perder de vista las posibles implicaciones de este escenario. Un análisis de Citibanamex advierte que la probable aprobación de esta sobrerrepresentación y la reforma judicial propuesta por AMLO, que busca reestructurar el poder judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados, podría debilitar la independencia del sistema judicial y aumentar la incertidumbre política y económica en el mediano plazo. Aunque los mercados han reaccionado con relativa calma, subestimando los riesgos, la consolidación del poder en manos de Morena y la subordinación de las instituciones judiciales al Ejecutivo podrían tener consecuencias devastadoras para la estabilidad democrática y económica del país.
La falta de contrapesos efectivos, sumada a la erosión del Estado de derecho, podría llevar al país a un punto de no retorno, donde virtualmente desaparecería la democracia que tanto trabajo ha costado construir. En este momento crítico, la transparencia, la legalidad y el equilibrio de poderes son más necesarios que nunca para evitar que México caiga en un autoritarismo disfrazado de democracia, similar al que existió durante los 71 años en que el PRI gobernó.
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