El pasado viernes, el fundador del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada, a través de su abogado en Estados Unidos, emitió una declaración que ha causado un gran revuelo en México y ese país. Según su versión, él no decidió viajar a EEUU sino que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, y llevado allí en contra de su voluntad. Además, sostiene que quien fue “su amigo de mucho tiempo”, el exalcalde de Culiacán, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exsecretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue asesinado “al mismo tiempo y en el mismo lugar” donde él fue secuestrado, y no por los balazos que recibió cuando alguien trató de robarle su camioneta, como originalmente informó la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa.
La pregunta central es: ¿Por qué creerle a un hombre que ha pasado su vida envuelto en el crimen organizado? La respuesta no es sencilla, pero merece un análisis cuidadoso y profundo.
Primero, es importante considerar el contexto político y social en Sinaloa. Zambada menciona que él iba a mediar una disputa entre el gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, y su excolaborador Cuén Ojeda. Este tipo de conflictos, donde se entrelazan intereses políticos y criminales, son más comunes de lo que la clase política se atreve a admitir. En regiones como Sinaloa, el crimen organizado no solo está presente, sino que a menudo influye directamente en las decisiones políticas. La reunión a la que supuestamente asistió Zambada para mediar es un claro ejemplo de cómo narcotraficantes como él actúan como actores políticos, influyendo en el destino de las instituciones públicas y el estado.
Sin embargo, Zambada tiene un historial criminal que lo convierte en una fuente poco confiable. Su vida está marcada por la violencia, el tráfico de drogas y el asesinato, lo que hace que cualquier cosa que diga deba ser tomada con un escepticismo bien fundado. Su declaración puede ser un intento deliberado de manipular la narrativa para proteger su imagen y ganar simpatía, tanto dentro como fuera del cártel de Sinaloa.
A pesar de su dudosa credibilidad, sus palabras deben ser corroboradas a través de pruebas forenses, registros de vuelo, testimonios de testigos o cualquier otra evidencia verificable. Es probable que Zambada mezcle verdades con mentiras, y esto podría cambiar la percepción de lo ocurrido, además de tener implicaciones legales significativas.
Lo que es innegable es que su declaración tiene implicaciones profundas. Si resulta ser cierta, podría erosionar aún más la confianza en las instituciones. La percepción de que un narcotraficante puede ser secuestrado y trasladado sin un proceso judicial formal socava gravemente la legitimidad del Estado de derecho en ambos países.
En última instancia, la declaración de Zambada debe ser manejada con extrema precaución. Su caso requiere una investigación exhaustiva y transparente para llegar a la verdad en medio de posibles manipulaciones y asegurar que se haga justicia, sin importar quién esté involucrado. En este caso, como en muchos otros, la verdad debe prevalecer, pero para alcanzarla será necesario un escrutinio riguroso, algo que el presidente Andrés Manuel López no está dispuesto a exigir.
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