El 11 de marzo pasado, la Dirección de Control de Gestión de la Secretaría de Gobernación recibió una carta dirigida a la secretaria Luisa María Alcalde Luján, por medio de la cual cuatro empresarios (cuyos nombres no anoto aquí en cumplimiento de las leyes de privacidad vigentes) señalan “de manera directa al C. Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) del SAT, encabezar una red de corrupción relacionada directa e indirectamente con el cobro de dádivas a los importadores y exportadores, así como de agencias aduanales en la zona metropolitana del país (sic)”.
Añaden los quejosos que están de acuerdo “en que la autoridad realice sus facultades de comprobación, lo que no estamos de acuerdo es que en ejercicio de esas facultades nos pidan DINERO EN EFECTIVO, para ser más llevadera la auditoría o que no EMBARGUEN mercancías en sus visitas rápidas”. Más adelante, señalan que sus empresas, “pese a ser certificadas, nos están bajando la certificación sin previo aviso ni notificación… para después bajar los sellos fiscales o congelar cuentas bancarias, esto por instrucciones de otro funcionario dependiente del C. Erick Jiménez Reyes de nombre Marco Antonio Campos Espinoza, otra persona de nombre Ana Cristina Herrera Valdez, así como una persona que solo sabemos le llaman ‘El Licenciado’”.
Explican luego que se les pidió entregar dinero en efectivo a una mujer llamada Adriana “N” en tres lugares: dos en Culhuacán, CDMX, y otro en Nezahualcóyotl, Edomex, y no solo eso, “que han sido forzados a realizar pagos en efectivo en dos cuentas bancarias a nombre del mencionado Jiménez Reyes y otra a nombre de Ana Cristina “N”, además de que entregaron 250 mil pesos en efectivo a la mencionada Adriana “N” en una casa en la Colonia Tlacopac de la CDMX.
Tres días después, el 14 de marzo, el subdirector de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Gerardo Montaño Ramírez, le informó del caso a través de un oficio al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, y le pidió que le comunicara sobre “la atención proporcionada al asunto”.
Han transcurrido casi tres meses y medio desde que se enviara el oficio arriba referido y hasta ayer Martínez Dagnino parecía no haber actuado porque los denunciantes aseguran que siguen siendo extorsionados.
La denuncia anterior no es la única presentada contra Jiménez Reyes. En julio del año pasado, trabajadores de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, bajo su dirección, presentaron una queja formal ante el órgano interno de control del SAT. En ella, además de supuestos actos de corrupción, denunciaron la contratación de empleados en contra de lo establecido en el manual de operación del organismo en cuanto a reclutamiento, selección, ingreso y permanencia del personal. Según los denunciantes, estos empleados no cumplen con los perfiles y requisitos para cargos de alta responsabilidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que la corrupción se acabó dentro de su gobierno, pero Antonio Martínez Dagnino, al no investigar y resolver este caso rápida y definitivamente, parece no estar enterado o de acuerdo con el fundador de la 4T.
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