La presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo públicos ayer los resultados de tres encuestas nacionales realizadas recientemente para conocer lo que los mexicanos opinamos sobre el Poder Judicial y la posibilidad de que nuestros juzgadores sean electos por el pueblo.
Estas encuestas, llevadas a cabo por De la Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena, comprueban que ha sido exitosa la implacable y emocional campaña que hace mucho tiempo iniciaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversos miembros de su gobierno y legisladores y miembros de Morena para convencer a la gente de que el Poder Judicial es corrupto y que la corrupción solo se acabará cuando los ministros, magistrados y jueces sean electos mediante el voto popular.
Estos son los resultados: Primera pregunta: ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Entre el 55% y el 61% de los encuestados considera que todos o la mayoría de los ministros, magistrados y jueces son corruptos. Un 26% a 34% cree que solo algunos lo son, mientras que apenas un 2% a 5% afirma que ninguno es corrupto.
Segunda y tercera preguntas: ¿Cómo deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte (SCJN) y los magistrados y jueces del Poder Judicial? Entre el 68% y el 75% de los encuestados opinó que deben ser elegidos por el pueblo. En cuanto a los ministros de la SCJN, un 18% a 25% prefiere que sean seleccionados por la Cámara de Senadores, mientras que un 19% a 24% cree que los magistrados y jueces deben ser elegidos por el Poder Judicial de la Federación.
Como anoté líneas arriba, estos resultados subrayan una percepción generalizada de corrupción en el Poder Judicial y una preferencia mayoritaria por la elección popular de jueces y magistrados. Comparto la opinión mayoritaria de que el Poder Judicial es corrupto, como lo son los demás poderes, pero no apoyo la reforma propuesta por AMLO porque veo tres posibles consecuencias al implementarse.
Primero, concentrar la autoridad administrativa y judicial en figuras clave alineadas con el Poder Ejecutivo, específicamente con el presidente López Obrador, su sucesora Sheinbaum y su partido Morena, aumentará la influencia política sobre decisiones judiciales.
Segundo, la independencia interna del Poder Judicial se verá comprometida al instaurarse una jerarquía que presione a los jueces inferiores a alinearse con las preferencias de los juzgadores de mayor jerarquía, lo que reducirá aún más los controles y equilibrios necesarios en un gobierno democrático.
Tercero, la percepción pública del Poder Judicial reformado como una institución menos neutral e independiente y más politizada generará desconfianza y desilusión pública, lo que contribuirá a erosionar su legitimidad y dificultará la instauración de un verdadero estado de derecho.
En resumen, la reforma propuesta busca abordar problemas de nepotismo y corrupción, pero su implementación concentrará el poder y socavará la independencia judicial, lo cual debe inquietar a quienes nos preocupa el futuro de la gobernanza democrática.
La aprobación de esta reforma es inminente, pero sus efectos deben ser cuidadosamente vigilados para evitar consecuencias adversas para la democracia y el estado de derecho en el país.
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