Carlos Fernando Márquez Padilla murió en la mañana del 7 de octubre de 2004 al caer desde la ventana de su oficina en el piso 12 de la Torre Ejecutiva de Pemex, en donde era el Coordinador de Asesores de la Dirección Corporativa de Administración.
La entonces PGJDF concluyó, en primera instancia, que su muerte fue accidental porque, según declararon empleados de Pemex, le gustaba sentarse a fumar en el umbral del marco de la ventana y ese día aparentemente perdió el equilibrio y cayó al vacío. Luego, el 14 de febrero de 2005, la misma PGJDF determinó que se suicidó porque, según sus dos cuñados, uno economista y el otro abogado, estaba deprimido tras haberse separado de su esposa María Amparo Casar. Es decir que basó su conclusión en la opinión de dos personas incapaces de diagnosticar un caso de depresión e ignoró el hecho de que no todos los que sufren de depresión tienen pensamientos suicidas o se suicidan.
20 años después de la muerte, haya sido accidental o por suicidio, el director general de Pemex Octavio Romero se refirió al caso durante la mañanera del viernes pasado cuando, al presumir como la empresa dizque productiva combate la corrupción, denunció a Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de indebidamente haber recibido de Pemex poco más de 31 millones de pesos por concepto de seguros y pensiones porque Márquez “se quitó la vida voluntariamente, se suicidó”.
Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Casar y al escritor Héctor Aguilar Camín, a quienes considera sus adversarios, de “cinicazos” y dijo que, con apoyo del entonces titular de la PGJDF, manipularon el dictamen de suicidio como un accidente para beneficiar con el pago de seguros y una pensión vitalicia de 130 mil pesos mensuales “a la señora”.
Ese mismo día, en el sitio www.gob.mx, la presidencia difundió un PDF de 372 transparencias titulado “Caso Márquez Padilla” repleto de información confidencial del occiso, su viuda, sus hijos y diversas personas, y ayer otro que contiene el “Dictamen de la PGJDF del caso Márquez Padilla”, también con información protegida.
Un tribunal deberá establecer si Casar cobró indebidamente o no los seguros y la pensión, pero otro deberá determinar si AMLO y Oropeza violaron la Ley de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que busca asegurar que la información personal que manejan los organismos del gobierno y algunas entidades privadas que utilizan fondos públicos se cuide de manera segura y privada.
Según diversos expertos, AMLO, Romero y funcionarios de varias dependencias, incluyendo la Presidencia, Pemex, la SHCP, la STPS, la SEP, la SFP, la UNAM, el Registro Civil de la CDMX, el INE y la FGJCDMX, infringieron dicha ley. La forma en que actuaron también reveló que son unos “cinicazos”.
El caso de María Amparo Casar es alarmante y debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestras inclinaciones políticas. Destaca el riesgo de que el gobierno utilice información privada y protegida legalmente para desacreditar a individuos y juzgarlos no en un tribunal, sino en la implacable corte de la opinión pública, especialmente a través de las cada vez más polarizadas e irracionales redes sociales.
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