El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió 20 iniciativas de reformas constitucionales y de leyes secundarias al Congreso.
Algunas serán aprobadas por mayorías calificadas en ambas cámaras ya que benefician al país o a ciertos grupos de la población. Estas son las que buscan: reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público; reafirmar el derecho a las pensiones para adultos de 65 años o más y a las personas menores de 65 con discapacidad permanente; otorgar becas a estudiantes pobres; garantizar a todos los mexicanos una atención médica gratuita; reconocer el derecho a la vivienda en arrendamiento; prohibir el maltrato animal; autorizar sólo concesiones para uso doméstico en las zonas de escasez de agua; prohibir la venta de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo; que el salario mínimo no sea menor a la inflación anual; establecer que el salario de maestros de educación básica, policías, guardias nacionales, soldados y marinos, médicos y enfermeras no sea menor a los perciben los trabajadores inscritos al IMSS; establecer que las vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros; garantizar el acceso al Internet; garantizar el derecho a la educación y al trabajo; otorgar apoyos económicos a los pequeños campesinos y agricultores; lograr que los trabajadores de 65 años o más, que cotizaron después del 1 de julio de 1997, reciban una pensión igual a su último salario o al promedio del IMSS si es menor; y que el artículo 127 de la Constitución se redacte con claridad para que ningún servidor público gane más que el presidente de la república.
Serán fuertemente discutidas y modificadas y hasta rechazadas las que pretenden transformar drásticamente al Estado y debilitar a los poderes Legislativo y Judicial en beneficio de Morena y sus aliados. Estas incluyen la reforma político-electoral que busca desaparecer al INE y los tribunales locales electorales, reducir la Cámara de Diputados a 300 y el Senado a 64; la reforma al Poder Judicial que pretende que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, reducir el pleno de SCJN de 11 a 9 ministros y sustituir el Consejo de la Judicatura Federal; la Reforma Energética que busca darle un papel predominante a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector energético, reducir la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en la industria energética, especialmente en la generación y distribución de electricidad, así como en la exploración y producción de hidrocarburos; eliminar los organismos autónomos constitucionales y 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales; que la Guardia Nacional pase a formar parte de Sedena; que se ordene la prisión preventiva oficiosa a quienes estén involucrados en diversos delitos como la defraudación fiscal, y; que se prohíban el maíz transgénico, las minas a cielo abierto y el fracking.
AMLO no tiene las mayorías calificadas para aprobar algunas de las 20 iniciativas, pero las presentó para que los candidatos de la 4T traten de persuadir a los votantes para que les otorguen esas mayorías en la próxima Legislatura. Al hacerlo, pretende imponer su agenda a la próxima presidenta de México.
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