El Paquete Económico 2025, entregado el viernes pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, parece ignorar las advertencias de Moody’s, que ese mismo día cambió la perspectiva crediticia de México de estable a negativa. La calificadora, al ajustar su perspectiva, que no implica una rebaja inmediata de la calificación, señala tres riesgos clave para el país: debilitamiento institucional, rigidez fiscal y los problemas crónicos de Pemex. El Paquete no aborda estos puntos, lo que pone en duda su capacidad para enfrentar los desafíos económicos.
Moody’s destaca el debilitamiento institucional como una de las mayores preocupaciones. Las reformas judiciales recientes y la desaparición de organismos autónomos destruyen los contrapesos necesarios para garantizar un entorno seguro para la inversión privada. Sin instituciones sólidas, los inversionistas enfrentan mayores riesgos, lo que desincentiva el flujo de capital hacia el país. Sin embargo, el Paquete Económico no plantea ninguna medida sería para revertir esta tendencia, lo que pone en entredicho la capacidad del gobierno para atraer nuevas inversiones.
En el ámbito fiscal, el gobierno proyecta reducir el déficit público al 3.9% del PIB y mantener la deuda pública en 51.4%. Sin embargo, estas metas parecen excesivamente optimistas, considerando la estructura rígida del gasto, marcada por compromisos inamovibles como los programas sociales de ayuda, las pensiones y los megaproyectos emblemáticos. Moody’s insiste en la necesidad de una reforma fiscal profunda que amplíe la base tributaria, pero el gobierno sigue apostando por medidas superficiales, como la digitalización y la eficiencia recaudatoria. Este enfoque, aunque positivo en teoría, es claramente insuficiente y limita la capacidad del país para reaccionar ante una crisis económica. Si los ingresos proyectados no se materializan, la situación fiscal podría salirse de control rápidamente.
El caso de Pemex es el más alarmante. La petrolera estatal, lejos de ser una fuente de desarrollo, se ha convertido en un lastre para las finanzas públicas. Moody’s advierte que la deuda creciente de Pemex podría recaer completamente en el gobierno, exacerbando los problemas fiscales. Sin un plan claro para sanear las finanzas de la empresa, el Paquete Económico perpetúa un modelo insostenible que sigue desviando recursos necesarios de áreas clave como salud y educación, menguando el bienestar de los mexicanos.
Ignorar estas advertencias tendrá graves consecuencias. Una rebaja en la calificación crediticia incrementará drásticamente el costo del financiamiento externo, desviando más recursos hacia el pago de intereses. Actualmente, el costo financiero de la deuda representa el 3.8% del PIB y se espera que aumente. Además, el optimismo gubernamental sobre un crecimiento económico del 2.5% para 2025 contrasta con las proyecciones más conservadoras del Banco de México y analistas internacionales, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo económico.
A menos que se tomen medidas radicales, la probabilidad de que el gobierno cumpla con estas expectativas es nula. Las consecuencias de no actuar serán inevitables y mucho más graves de lo que muchos se atreven a imaginar.
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