La Suprema Corte dio “batazo” al “decretazo” presidencial que protegía, a piedra y lodo, la información sobre todas las obras emblemáticas de la 4T por haberlas calificado como de “seguridad nacional” para impedir que fueran frenadas por amparos de cualquier índole y para no tener que rendir cuentas a nadie, en clara violación al derecho ciudadano a la información.
¿Pero qué cree? Andrés Manuel López Obrador, mañoso como es, contraatacó con una jugada maestra legal, al publicar, horas después, un nuevo “decretazo”, más “light”, que conserva el blindaje protector sobre las obras faraónicas, no en todas, pero sí en el Tren Maya, El Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque.
Usted se preguntará ¿y por qué no impugnar este nuevo decretazo? Ah, pues porque quien puede hacerlo, y lo hizo originalmente, fue el INAI, organismo autónomo, detestado por Palacio, paralizado, con las manos amarradas por cortesía de los legisladores de Morena, lacayos de “ya sabe quién”.
Reitero, este nuevo “decretazo” no es ilegal, pero sí es un grave desacato a un mandato del máximo tribunal; sienta un precedente peligroso ante los tiempos revueltos por venir.