El fin de semana pasado circuló en medios que el Congreso de Estados Unidos estaba por aprobar una ley para “Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia los Estados Unidos o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.
Si bien es cierto que el 12 de enero de este año dos congresistas republicanos, Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida, presentaron una iniciativa de ley con el propósito arriba anotado, falta que la misma sea aprobada o rechazada por la Cámara de Representantes y después por el Senado.
Si el Senado la aprueba con modificaciones, ambas cámaras deberán conciliar sus diferencias hasta lograr un acuerdo definitivo que enviarán al presidente Joe Biden para que la autorice y promulgue.
El proceso no es sencillo y solo el 10% de las iniciativas llegan a ser leyes.
El asunto generó revuelo en México porque, de promulgarse la ley, el presidente de EEUU estaría autorizado “a usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas extranjeras” que él determine que estén involucradas en el tráfico de fentanilo o sus precursores hacia EEUU.
La ley autorizaría a las fuerzas armadas de EEUU a combatir militarmente, dentro o fuera de EEUU, a estos cárteles: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Beltrán-Leyva y Familia Michoacana (también conocida como los Caballeros Templarios)”.
Unos días antes de que se presentara esta iniciativa, los fiscales generales de 21 estados enviaron una carta a Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando que el gobierno declare a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y el jueves pasado el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado declarara a los cárteles organizaciones terroristas.
Sobre este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en su conferencia de prensa: “Es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena”.
El reporte aludido por él efectivamente dice que “No hubo evidencia creíble que indicara que los grupos terroristas internacionales establecieron bases en México, trabajaron directamente con los cárteles de la droga mexicanos o enviaron operativos a través de México a los Estados Unidos en 2021”, pero eso nada tiene que ver con que Biden o el Congreso de EEUU designen o no a los cárteles como organizaciones terroristas
Que Andrés Manuel no se confíe. De una día para otro EEUU podría designar como terroristas a los cárteles de la droga y autorizar a sus fuerzas armadas a combatirlas dentro de México, lo que representaría una violación a la soberanía nacional a la que nuestras fuerzas armadas no podrían responder exitosamente. Peor aún, la entrada al país de tropas estadounidenses generaría un conflicto político y económico de terribles consecuencias.
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