Quedó impune el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un joven beisbolista, el 20 de junio 2022, hace 9 meses, en Cerocahui, en la sierra Tarahumara.
José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, escapó de la justicia; la promesa del gobierno de hacerlo pagar sus delitos se hizo humo.
La ejecución de “El Chueco”, a manos criminales, es una derrota y una vergüenza para las autoridades, incapaces de hacerlo pagar sus culpas conforme a la ley.
Como haya sido, una vez más, el Estado queda en ridículo.
Otra vez, los “malos” le hacen la chamba a los, dizque, “buenos”.
Lo mismo ocurrió en Matamoros, donde cinco presuntos secuestradores de cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados, fueron “entregados” a la justicia por sus propios “compinches” compinchísimos.
En la ejecución de “El Chueco”, hasta hubo pena de muerte en caliente.
Se confirma, aunque se niegue, que gran parte de México está secuestrado por la delincuencia, que impone la ley del plomo a sangre y fuego.
Se confirma que el estado de derecho está chueco.