“Tenemos que hacer una Reforma Administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías” dijo el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que le pedirá al Congreso que apruebe cambios a la Constitución para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que son tres organismos constitucionales autónomos (OCAs) que gozan de autonomía en su funcionamiento y toma de decisiones y no están subordinados al poder ejecutivo que hoy tiene en sus manos AMLO ni al poder legislativo que hoy controla su partido Morena.
Andrés Manuel busca acabar con estos estos OCAs porque no actúan como a él le gustaría. Resulta curioso que no quiera desaparecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que hoy preside una de sus incondicionales, Rosario Piedra Ibarra. También pide que desaparezca la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que no es un organismo autónomo constitucional.
AMLO, que parece creer que la mejor época del país fue entre 1929 y 1982, cuando al país lo gobernaron presidentes priistas que no le rendían cuentas a nadie, desde hace tiempo busca desaparecer o controlar a todos los organismos que no se someten a sus deseos o caprichos, ya sean OCAs como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México y los arriba nombrados, o ministros, magistrados y jueces del poder judicial que, como un poder paralelo, actúan con independencia.
El presidente olvida que los organismos autónomos constitucionales en México se crearon con el propósito de fortalecer la democracia, garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, promover la rendición de cuentas y asegurar la independencia en áreas clave de la administración pública. Además, parece ignorar que los OCAs ayudan a mantener la separación de poderes en un sistema democrático porque, al ser independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pueden ejercer sus funciones sin interferencia indebida de otros poderes del Estado. Tampoco parece importarle que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los derechos humanos y el derecho al voto. Por si fuera poco, le molesta que promuevan la transparencia gubernamental, garanticen el acceso a la información pública, contribuyan a la rendición de cuentas y permitan a los ciudadanos supervisar las acciones del gobierno. Además, no parece estar interesado en fomentar la competencia, regular los mercados y prevenir prácticas anticompetitivas.
A pesar de que a veces el desempeño de los OCAs ha dejado mucho que desear, es innegable que su presencia ha contribuido a mejorar nuestra realidad al fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos, promover la transparencia gubernamental, fomentar la competencia y garantizar la rendición de cuentas. Su independencia y capacidad de actuar en beneficio de la sociedad han sido esenciales para avanzar hacia un México más justo y democrático.
Por lo anterior, todos los partidos de oposición deben impedir que desaparezcan las OCAs.
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